Una vez más habla por nosotros.
Joseba Arregi: En juego, la democracia |
La democracia no niega ni las identidades ni los sentimientos: niega que ninguno de los muchos existentes pretenda ser el único válido en el espacio públicoLeer todo. |
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martes, 10 de febrero de 2009
Joseba Arregui, de nuevo
viernes, 6 de febrero de 2009
martes, 11 de noviembre de 2008
El fil català
En relació amb els escrits que fan referència al fil musical a les Fires de Girona vull explicar alguns detalls que escapen al coneixement de molts ciutadans. La campanya del català a les Fires va començar anys enrere i consistia a regalar DVD de música en català als firaires. Com que el resultat no va ser el desitjat es decidí contractar una empresa per instal·lar un fil musical a les Fires. El primer any en portar a terme aquesta iniciativa va ser l´any 2007. Segons dades de l´Ajuntament, aquell any es va llogar l´equip a una empresa de Cadis i es van pagar uns 7.000 euros (enguany el preu deu ser semblant). Alhora es va incloure en les condicions per instal·lar una atracció a les Fires l´obligació de connectar l´equip musical de la parada i el fil musical. No fer-ho comportava sancions i fer-ho bonificacions. Al plec de condicions no s´explicaven quines. A la «normalització» de les Fires cal afegir-hi les despeses de retolació de parades, davantals, armilles?
L´Ajuntament de Girona ha anat molt més lluny que la llei de política lingüística que obliga a retolar com a mínim en català sense excloure addicionalment d´altres idiomes. En aquest cas no hi és la possibilitat d´utilitzar cap altre idioma. El fet de bonificar l´ús d´un dels dos idiomes oficials a Catalunya i sancionar l´ús de l´altre no és una mesura que contribueixi a la cohesió social. Aquests «països» que es construeixen «tirant de talonari» (subvencions a tots els que canten, escriuen, fomenten, ensenyen? en català) tenen el perill d´ensorrar-se si aquestes es retiren.
No vull dir que el creixement que ha experimentat els últims vint anys el nacionalisme català es limiti a la política de subvencions, però sens dubte és una de les vies de creixement que més adeptes li ha fet guanyar. Alhora aquestes formes de créixer es converteixen en un problema per quantificar el veritable suport que té el nacionalisme català.
Mateo Padilla Ramón. Coordinador de l´Agrupació de Girona Ciutadans-Partido de la Ciudadania.
domingo, 9 de noviembre de 2008
MÁS BIENESTAR, MENOS NACIÓN
Un fundamento básico de la democracia es que las Administraciones Públicas están para servir a los ciudadanos y no a la inversa. Los impuestos que pagamos deben tener como destino los servicios esenciales para nuestra sociedad, aún más si cabe en un Estado social y de derecho como es España. Si a este principio democrático le sumamos la actual situación de recesión económica mundial, esta claro que los poderes públicos deben rebajar considerablemente el gasto innecesario o superfluo, aquel que no repercute en el bienestar de los ciudadanos.
Pues bien eso que parece tan evidente para cualquier persona con sentido común a los nacionalistas no les parece tan bien. Y tomo como ejemplo la Generalitat catalana y algunas de sus inversiones durante el último año para que nos hagamos una idea de como la construcción de una nación puede salir tan caro a nuestros bolsillos.
El gobierno tripartito se ha gastado 26 millones de euros en subvenciones a medios de comunicación privados, que como todos sabemos es la forma de tener bien alimentados a los que supuestamente deben informar a los ciudadanos de lo que sucede en la sociedad y en la vida política. Más de 500 millones de euros es lo que nos cuesta a los ciudadanos que vivimos en Cataluña mantener a todos los medios de comunicación públicos, los mismos que emiten reportajes cada dos por tres de las similitudes entre Cataluña y el Quebec, los mismos que dibujan un mapa del tiempo “dels Països Catalans”, los mismos que en su carta de principios vigente consideran preferente a un testimonio real en catalán a uno que se exprese en castellano, los mismos que recomiendan a sus presentadores que entrevisten a cualquier español siempre en catalán y que hagan uso si es necesario del “pinganillo” para no tener que hablar en castellano. El gobierno de Montilla se gasto en 2007 según ellos mismos reconocen en su informe anual de política lingüística 156 millones de euros, el triple casi de lo que se gastaba Maragall. A los catalanes nos cuesta subvencionar a la plataforma pro-selecciones catalanas más de dos millones anuales. Esta plataforma convocó, junto a otras entidades subvencionadas del pesebre nacionalista, el 11 de septiembre una manifestación bajo el lema “Volem un Estat propi”. Para que no quepa la mínima duda de la politización del deporte que hace esta plataforma el que fue líder de esta asociación fue candidato en las listas de ERC en las últimas elecciones autonómicas de 2006. Seguimos. El Consejero Carod Rovira se ha dedicado en estos dos años de legislatura a ir abriendo pseudo-embajadas políticas en Berlin, Londres, París,Nueva Cork, con el fin reconocido de mantener relaciones bilaterales con otros Estados e incluso con la ONU o el Quebec en el caso de Nueva York. Al frente de ellas ha colocado a todos los amigos independentistas que le quedaban por enchufar. La Generalitat tiene un presupuesto anual para lo que califican de política exterior de 18 millones de euros. Más subvenciones: Acció Cultural del Pais Valencià se llevo en 2007 2,1 millones de Euros, entre otras cosas para la adquisición de inmuebles en Valencia. Este año el gobierno Montilla se ha gastado 3,6 millones de Euros en el Sur de Francia, o a lo que los neoimperialistas lingüísticos les gusta llamar la Catalunya Nord, en subvencionar escuelas que estudien en catalán. Digo yo que Montilla se podría estirar y ponernos por lo menos una en Cataluña donde se pueda estudiar también en castellano, seria un lujo. Omnium Cultural, bajo el lema una Nació, una cultura, una llengua; que vendría a ser la versión franquista de Una, grande y libre a la catalana, se ha llevado más de 3 millones de Euros este año. Hay que recordar que esta entidad se dedica a vigilar, denunciar y boicotear a los comercios o empresas que no rotulan en catalán. Vaya, que van poniendo cruces o en este caso denuncias en las puertas de los comercios que tienen la osadía de rotular en español en España. Y un último ejemplo son los informes fantasma de la Generalitat; que ascienden a un coste anual de 32 millones de euros, y que están en manos de la Fiscalía por la denuncia interpuesta por el sindicato Manos Limpias que explica en su escrito que hay informes inexistentes, otros duplicados, y otros concedidos a familiares de ex-diputados de grupos políticos que apoyan al gobierno.
Y así un largo listado de entes; asociaciones subvencionadas, gasto innecesario e identitario que hace que en las comunidades donde gobiernan los nacionalistas tengan que financiar entre todos la construcción de la nación deseada e inventada.
Mientras Cataluña invierte en educación por debajo de la media española; nuestras listas de espera en sanidad son las terceras más largas de España con más de cuatro meses de espera para operaciones quirúrgicas, no se ha construido una sola estación de metro en los últimos 5 años, tenemos el record de barracones en la escuela para el curso 2008/09 con 968 ( Madrid tiene 25, por ejemplo), y se tienen que cerrar este año según el gobierno el 50% de los centros públicos de bachillerato nocturno porque según la Generalitat no son rentables. ¿Desde cuando la educación pública se ha guiado por criterios de rentabilidad, y en este caso para un gobierno supuestamente socialista?
Joan Puigcercós; el Presidente de ERC en el último debate de política general del Parlamento de Cataluña dijo una de esas frases que pasarán a la historia de la demagogia: “… nosotros también queremos gafas gratis para los catalanes, como los andaluces…” Como algunos ya estamos hartos de tanta mentira y de la creación de tanto odio y enfrentamiento entre españoles, cogimos la calculadora y como las matemáticas no engañan en pleno debate sacamos dos ejemplos que a más de uno le debería avergonzar: con los 26 millones que Montilla dedica a subvencionar a los medios de comunicación privados 440.000 ciudadanos tendrían gafas gratuitas; es decir el 100% de las personas que utilizan gafas en Cataluña: Con los 156 millones destinados a su obsesivo y opresiva política lingüística todos los niños de primaria de Cataluña; es decir 403.000 mil tendrían un ordenador personal en su pupitre. Por tanto como decía la campaña socialista en sus últimas elecciones esto son hechos, no palabras.
Y después tenemos que escuchar a los nacionalistas “llorar” porque según ellos los extremeños o los andaluces “nos expolian” a los catalanes. Si que es cierto que nos expolian; pero desde dentro del oasis catalán, la propia Generalitat. Esta claro que construir una nación que no existe sale muy caro.
Como el nacionalismo se ha convertido en una religión, y yo quiero un Estado laico, para el próximo programa electoral de Ciudadanos tendremos que incorporar la propuesta de que nos pongan una casilla de exención fiscal a los que no queremos que nuestros impuestos se dediquen a esta confesión tan corrupta.
Artículo de Albert Rivera, presidente de Ciutadans, publicado en De Verdad, publicación de Unificación Comunista de España
viernes, 10 de octubre de 2008
Un fantasma recorre España
Com sempre, el nostre diputat al Parlament Antonio Robles l'encerta de plè.
Un fantasma recorre España, es el fantasma de la disgregación. Ha nacido de una irrefrenable exaltación de las más extravagantes tradiciones. Lo mismo sirve la raza de un burro, como la apropiación del origen de Colón. No importa que sean ridículas o inútiles, sólo que sirvan para diferenciarse y afirmarse frente a la voluntad de una Constitución común de ciudadanos libres e iguales. Empezó en Cataluña, se extendió al País Vasco, más tarde a Galicia y ahora no hay pueblo alguno en España donde no surja un minero cavando el pasado para extraer señas de identidad capaces de dar el pego. Es una estampida de ilusos enloquecidos por sacralizar un territorio, una lengua o un traje regional de lentejuelas ridículas. Posee, a la vez, la característica de cualquier moda adolescente del más estúpido consumismo y del peor conservadurismo del siglo XIX. En uno y otro caso, el egoísmo. A esto le llaman su derecho a decidir.
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viernes, 25 de julio de 2008
El PP i el «Manifiesto»
Estem assistint a un intens debat sobre la llengua arran del «Manifiesto por la lengua común». Entre tots el pronunciaments, m´ha cridat molt l´atenció el discurs del PP, millor dit, el doble discurs. Mentre a Madrid signen el Manifiesto, a Barcelona el consideren innecessari. L´afirmació de la nova presidenta del PP a Catalunya negant-se a signar el manifest és una mostra clara del canvi de rumb ideològic del principal partit de l´oposició a Espanya. Com s´entén que a Madrid el PP signi i a Catalunya, la regió on més es persegueix i se censura la llengua espanyola, es negui a fer-ho, i fins i tot afirmi que no és necessari tot dient que les dues llengües conviuen amb normalitat. Avui, les institucions catalanes practiquen polítiques despòtiques contra els parlants en castellà en tots els nivells de la societat, establint models de control lingüístics en tots els àmbits (escoles, universitat, oficines de cultura, comerços, toponímia, seguretat vial...). L´entramat polític, cultural i educacional exerceix una política totalitària. El nacionalisme català, aquell en què es mira el nou PP, busca destruir la cultura catalana expressada en castellà i desestabilitzar l´equilibri social d´una societat perfectament bilingüe. La immersió lingüista emprada per la Generalitat des de l´època de CiU, usant la llengua com a arma d´exclusió, imposant per la força una llengua sobre l´altre, tot i haver-hi dues oficials i sent una societat bilingüe, em recorda a les mateixes polítiques seguides durant el règim franquista, quan es deia que el genocidi cultural estava en la ment i el cor de la gent imperialista perquè pensa que la seva llengua és superior a les altres. Avui, aquesta idea d´imposar la llengua es duu a terme a les nostres ciutats, que en nom d´una de les dues llengües oficials de Catalunya es discrimina, es persegueix i se censura l´altra llengua oficial, la castellana. S´hauria de recordar als nacionalistes que emprar la terminologia inventada de llengua pròpia, quan realment s´ha de dir llengua materna, prohibeix a l´individu dels seus drets lingüístics, una mesura completament predemocràtica i reaccionària. No s´hauria d´oblidar que els drets són de les persones, no dels territoris, almenys per a nosaltres.
Fran Hervías Chirosa. Secretari d´Acció Política de Ciutadans a Girona
Fran Hervías Chirosa. Secretari d´Acció Política de Ciutadans a Girona
lunes, 7 de julio de 2008
LENGUAS FIERAMENTE HUMANAS
Artículo algo extenso pero de la calidad y elocuencia acostumbrada por el profesor García de Cortázar. Nos explica la paradoja tan española y generalizada en nuestros días de atribuirle a las tradiciones cierta pátina de progresismo. Nos expone, así, la hipótesis de que la apoteosis identitaria localista no es sino el narcisismo alternativo que el poder central fabricó en la transición cuando se dio cuenta de la inutilidad política del narcisismo nacional.
sábado, 24 de mayo de 2008
Bilateralidad no inteligente
Francesc de Carreras, La Vanguardia, 24 de mayo de 2008
El Govern de la Generalitat se ha empeñado en que su nuevo sistema de financiación sea fijado en una negociación bilateral con el Gobierno del Estado. Desde luego tiene razones para ello, muy altas razones: así lo establece el Estatut. Pero dudo que sea una vía inteligente para llegar a acuerdos, especialmente si son de tipo financiero, en un Estado de naturaleza federal como es nuestro Estado de las autonomías.
La verdad es que la bilateralidad en la negociación del sistema financiero autonómico no es algo nuevo: en realidad siempre ha sido así. El acuerdo actual, vigente desde el 2001, fue un acuerdo bilateral entre el Estado y las demás comunidades autónomas. Unas, pocas, no lo aceptaron – Andalucía entre ellas – y siguieron con el sistema anterior durante un tiempo. Ello revela su naturaleza bilateral: la comunidad que estaba en desacuerdo prorrogaba el acuerdo anterior y no se adhería a lo que había aprobado la mayoría. Con el tiempo, sin embargo, siempre acababa firmándolo. Desde los primeros estatutos – el vasco y el catalán, aprobados a fines de 1979 – siempre había sido así, lo establecía la Ley Orgánica de Financiación de las Comunidades Autónomas (LOFCA) de 1980. Por tanto, desde siempre ha habido bilateralidad.
Ahora bien, era una bilateralidad inteligente. Se entablaban negociaciones previas y discretas entre el Estado y cada una de las comunidades, y también las comunidades negociaban entre sí. Se confrontaban intereses y puntos de vista dentro de los márgenes que señalaba la LOFCA, se procuraban limar las diferencias, aproximar posiciones y, al final, se llegaba a un acuerdo. Es lo natural en un Estado federal, un Estado en el cual nadie debe empezar diciendo: “yo me quedo con esta parte del pastel y los demás os repartís el resto como queráis”. Esto último es lo que ha sucedido en el caso actual. El Estatut ha fijado previamente unas reglas no acordadas entre todas las partes y, como la ley se ha de cumplir, de aquí no hay que moverse: los demás deben acomodarse a lo que dice la Generalitat de Catalunya. Naturalmente, todos se han puesto en contra.
Cuando las leyes son técnicamente deficientes, van contra la naturaleza de las cosas, no se adecuan a los principios generales que rigen el sistema, estas leyes resultan ineficaces y generan frustración. Lo que no puede ser, no puede ser, y además es imposible. En un sistema federal como es el nuestro, los problemas que afectan al conjunto deben ser negociados entre las partes. La frivolidad con la que fue aprobado el Estatut – frivolidad de los partidos catalanes, pero también del PSOE – tiene estas consecuencias. La posición de la Generalitat no tiene ni siquiera el apoyo de las comunidades gobernadas por los socialistas. Parece que sólo ha encontrado algún apoyo en el Gobierno del PP de Valencia. Son los riesgos de actuar con escasa inteligencia.
La verdad es que la bilateralidad en la negociación del sistema financiero autonómico no es algo nuevo: en realidad siempre ha sido así. El acuerdo actual, vigente desde el 2001, fue un acuerdo bilateral entre el Estado y las demás comunidades autónomas. Unas, pocas, no lo aceptaron – Andalucía entre ellas – y siguieron con el sistema anterior durante un tiempo. Ello revela su naturaleza bilateral: la comunidad que estaba en desacuerdo prorrogaba el acuerdo anterior y no se adhería a lo que había aprobado la mayoría. Con el tiempo, sin embargo, siempre acababa firmándolo. Desde los primeros estatutos – el vasco y el catalán, aprobados a fines de 1979 – siempre había sido así, lo establecía la Ley Orgánica de Financiación de las Comunidades Autónomas (LOFCA) de 1980. Por tanto, desde siempre ha habido bilateralidad.
Ahora bien, era una bilateralidad inteligente. Se entablaban negociaciones previas y discretas entre el Estado y cada una de las comunidades, y también las comunidades negociaban entre sí. Se confrontaban intereses y puntos de vista dentro de los márgenes que señalaba la LOFCA, se procuraban limar las diferencias, aproximar posiciones y, al final, se llegaba a un acuerdo. Es lo natural en un Estado federal, un Estado en el cual nadie debe empezar diciendo: “yo me quedo con esta parte del pastel y los demás os repartís el resto como queráis”. Esto último es lo que ha sucedido en el caso actual. El Estatut ha fijado previamente unas reglas no acordadas entre todas las partes y, como la ley se ha de cumplir, de aquí no hay que moverse: los demás deben acomodarse a lo que dice la Generalitat de Catalunya. Naturalmente, todos se han puesto en contra.
Cuando las leyes son técnicamente deficientes, van contra la naturaleza de las cosas, no se adecuan a los principios generales que rigen el sistema, estas leyes resultan ineficaces y generan frustración. Lo que no puede ser, no puede ser, y además es imposible. En un sistema federal como es el nuestro, los problemas que afectan al conjunto deben ser negociados entre las partes. La frivolidad con la que fue aprobado el Estatut – frivolidad de los partidos catalanes, pero también del PSOE – tiene estas consecuencias. La posición de la Generalitat no tiene ni siquiera el apoyo de las comunidades gobernadas por los socialistas. Parece que sólo ha encontrado algún apoyo en el Gobierno del PP de Valencia. Son los riesgos de actuar con escasa inteligencia.
jueves, 17 de abril de 2008
Esperando las lluvias
Hace unos pocos años, los mandarines que determinan lo que debe ser considerado políticamente correcto decidieron que una palabra debía ser excluida del vocabulario bienpensante: los trasvases entre ríos y entre cuencas fluviales. A quien se mostrara partidario de un trasvase se le debía considerar un facha, así de simple. También así de simplista. La cosa no dejaba de ser curiosa. Tradicionalmente, el pensamiento progresista siempre había sido ferviente partidario de los trasvases entre ríos. La razón era muy sencilla: los trasvases respondían al principio de solidaridad, central en el ideario progresista. El agua de los ríos no era de nadie y, por tanto, era de todos, era un bien público. Había, pues, que repartirla, nadie podía apropiarse de ella, debía distribuirse equitativamente entre las personas, entre los seres humanos. ¡Los seres humanos, qué tiempos aquellos! ¡Los derechos del hombre y del ciudadano, la libertad y la igualdad de las personas, 1789! ¿Recuerdan?
Ahora ya no existen los seres humanos: se han deconstruido. Ahora existen hombres y mujeres, menores y mayores, aragoneses y catalanes, vascos y vascas, homosexuales y heterosexuales, consumidores y usuarios, cristianos, judíos y musulmanes. El hombre, el individuo a secas, ha desaparecido de nuestro panorama político, ya no existe como ya decía Joseph de Maistre, en 1796, en su crítica a las ideas de la Revolución Francesa en defensa del antiguo régimen: "No hay hombres en el mundo. Durante mi vida, he visto a franceses, italianos, rusos, etcétera; sé incluso, gracias a Montesquieu, que se puede ser persa: pero en cuanto al hombre, declaro no haberlo encontrado en mi vida; si existe, mi ignorancia sobre tal hecho es total". Hoy la izquierda parece estar con De Maistre, no con Voltaire, ni con Diderot, Condorcet o Sieyès, que por encima de todo creían en el ser humano.
Pero sigamos con el curioso cambio de la izquierda respecto a los trasvases. Alguna razón debe de haber para dicho cambio. Al fin y al cabo, el plan hidrológico propuesto por Borrell en 1991, cuando era ministro de Fomento de Felipe González, fue mantenido por el PSOE hasta la llegada de Zapatero y estaba basado en el trasvase entre cuencas fluviales para mantener la solidaridad entre los ciudadanos. ¿Qué sucedió para cambiar de parecer? Sucedió un hecho, apareció un nuevo dato de considerable importancia: la necesidad de proteger el medio ambiente. Un dato real, indudable, que aconsejaba variar un poco el rumbo, ya que las necesidades del bienestar humano no deben ser la causa de la destrucción de bienes como el aire y el agua, la fauna y la flora, que son precisamente las fuentes de este bienestar. Hay que proteger, por tanto, los ríos, y también los deltas, que tienen una importante función ecológica. De acuerdo.
Pero entonces aparece la demagogia política disfrazada de pensamiento. Aprovechando que el gobierno de Aznar ha elaborado un plan hidrológico basado también, como el de Borrell, en la canalización y el trasvase entre ríos y cuencas, arremeten contra él con furor, simpleza e ignorancia, considerando que todo trasvase es una aberración, propia sólo del facherío más inmundo, algo que sólo puede sostener un partido como el PP. La palabra trasvase se convierte en maldita, quien la pronuncia es sospechoso de apoyar al PP. La marabunta de los fanáticos arrasa siempre con cualquiera que muestre alguna duda razonable.
Por supuesto, yo no entiendo de esta materia y, por tanto, no puedo mantener solución alguna mínimamente fundada. No sé si es mejor el trasvase del Segre, del Ebro, del Ródano o del Ter, si son preferibles las plantas desalinizadoras o el transporte del agua en barco o en tren. Pienso que quizás sería bueno comprar el agua a los chinos, que siempre venden tan barato. Las soluciones deben aportarlas los técnicos y científicos, siempre acompañadas de buenas razones, la soluciones probablemente serán varias, algunas seguramente compatibles entre sí. Al fin, los órganos políticos competentes deberán decidir.
Por tanto, no mantengo solución alguna. Ahora bien, sí que estoy convencido de una cosa, quizás sólo de una sola cosa: que con anatemas y descalificaciones nunca se llega a averiguar la verdad. Como decía Stuart Mill, "siempre hay esperanza cuando las gentes están forzadas a oír a las dos partes, cuando tan sólo oyen a una es cuando los errores se convierten en prejuicios y la misma verdad, exagerada hasta la falsedad, deja de serlo".
Hace unos años, algo de razón tenían los adversarios de los trasvases, en concreto del trasvase del Ebro. Algo de razón tenían. Pero por razones de oportunidad y conveniencia política, no por razones de servir a la verdad, exageraron hasta la falsedad y descalificaron a quienes mantenían posiciones contrarias. Ahora, humillados y avergonzados, ante la penosa situación de Barcelona, que bien se cuidaron de ocultar antes de las elecciones, se ven obligados a rectificar y tomar precipitadas medidas de emergencia. Han decidido un trasvase, aunque lo denominan de otra manera y, esperando las lluvias, promueven rogativas a los dioses, cual brujos de antiguas tribus ancestrales.
Francesc de Carreras, catedrático de Derecho Constitucional de la UAB La Vanguardia (17.04.2008)
Ahora ya no existen los seres humanos: se han deconstruido. Ahora existen hombres y mujeres, menores y mayores, aragoneses y catalanes, vascos y vascas, homosexuales y heterosexuales, consumidores y usuarios, cristianos, judíos y musulmanes. El hombre, el individuo a secas, ha desaparecido de nuestro panorama político, ya no existe como ya decía Joseph de Maistre, en 1796, en su crítica a las ideas de la Revolución Francesa en defensa del antiguo régimen: "No hay hombres en el mundo. Durante mi vida, he visto a franceses, italianos, rusos, etcétera; sé incluso, gracias a Montesquieu, que se puede ser persa: pero en cuanto al hombre, declaro no haberlo encontrado en mi vida; si existe, mi ignorancia sobre tal hecho es total". Hoy la izquierda parece estar con De Maistre, no con Voltaire, ni con Diderot, Condorcet o Sieyès, que por encima de todo creían en el ser humano.
Pero sigamos con el curioso cambio de la izquierda respecto a los trasvases. Alguna razón debe de haber para dicho cambio. Al fin y al cabo, el plan hidrológico propuesto por Borrell en 1991, cuando era ministro de Fomento de Felipe González, fue mantenido por el PSOE hasta la llegada de Zapatero y estaba basado en el trasvase entre cuencas fluviales para mantener la solidaridad entre los ciudadanos. ¿Qué sucedió para cambiar de parecer? Sucedió un hecho, apareció un nuevo dato de considerable importancia: la necesidad de proteger el medio ambiente. Un dato real, indudable, que aconsejaba variar un poco el rumbo, ya que las necesidades del bienestar humano no deben ser la causa de la destrucción de bienes como el aire y el agua, la fauna y la flora, que son precisamente las fuentes de este bienestar. Hay que proteger, por tanto, los ríos, y también los deltas, que tienen una importante función ecológica. De acuerdo.
Pero entonces aparece la demagogia política disfrazada de pensamiento. Aprovechando que el gobierno de Aznar ha elaborado un plan hidrológico basado también, como el de Borrell, en la canalización y el trasvase entre ríos y cuencas, arremeten contra él con furor, simpleza e ignorancia, considerando que todo trasvase es una aberración, propia sólo del facherío más inmundo, algo que sólo puede sostener un partido como el PP. La palabra trasvase se convierte en maldita, quien la pronuncia es sospechoso de apoyar al PP. La marabunta de los fanáticos arrasa siempre con cualquiera que muestre alguna duda razonable.
Por supuesto, yo no entiendo de esta materia y, por tanto, no puedo mantener solución alguna mínimamente fundada. No sé si es mejor el trasvase del Segre, del Ebro, del Ródano o del Ter, si son preferibles las plantas desalinizadoras o el transporte del agua en barco o en tren. Pienso que quizás sería bueno comprar el agua a los chinos, que siempre venden tan barato. Las soluciones deben aportarlas los técnicos y científicos, siempre acompañadas de buenas razones, la soluciones probablemente serán varias, algunas seguramente compatibles entre sí. Al fin, los órganos políticos competentes deberán decidir.
Por tanto, no mantengo solución alguna. Ahora bien, sí que estoy convencido de una cosa, quizás sólo de una sola cosa: que con anatemas y descalificaciones nunca se llega a averiguar la verdad. Como decía Stuart Mill, "siempre hay esperanza cuando las gentes están forzadas a oír a las dos partes, cuando tan sólo oyen a una es cuando los errores se convierten en prejuicios y la misma verdad, exagerada hasta la falsedad, deja de serlo".
Hace unos años, algo de razón tenían los adversarios de los trasvases, en concreto del trasvase del Ebro. Algo de razón tenían. Pero por razones de oportunidad y conveniencia política, no por razones de servir a la verdad, exageraron hasta la falsedad y descalificaron a quienes mantenían posiciones contrarias. Ahora, humillados y avergonzados, ante la penosa situación de Barcelona, que bien se cuidaron de ocultar antes de las elecciones, se ven obligados a rectificar y tomar precipitadas medidas de emergencia. Han decidido un trasvase, aunque lo denominan de otra manera y, esperando las lluvias, promueven rogativas a los dioses, cual brujos de antiguas tribus ancestrales.
Francesc de Carreras, catedrático de Derecho Constitucional de la UAB La Vanguardia (17.04.2008)
domingo, 6 de abril de 2008
Nuevas e importantes aportaciones al modelo Barcelona
Querido J:
En la serie de plagas bíblicas que azotan desde hace tiempo a este territorio tan religioso, y después de los derrumbes y los apagones, le ha tocado el turno a la sed. Barcelona atraviesa por un período de sequía, característico de la zona mediterránea. Naturalmente lo primero que ha hecho la política es calificar la situación de excepcional. Calificada la situación de excepcional, se rebaja de inmediato el nivel de exigencia en el acierto. Hasta tal punto ha llegado el blindaje de la excepción que el responsable gubernamental del Medio Ambiente se ha ido a la montaña de Montserrat a invocar la ayuda de la Virgen. Es fama y ya historia en el rap de los políticos (junto al “por-qué-no-te-callas”, de Juan Carlos, Rey; “el-lárgate-pobre-gilipollas”, de Nicolas Sarkozy y el “hola-hola-felicidades”, de Bush) la plegaria agnóstica del consejero Baltasar a la Virgen negra: “Ja-saps-que-sóc-agnòstic-però-si-pots-fer-quelcom-fes-ho”. Estaríamos, pues, ante una sequía no ya excepcional, sino declaradamente sobrenatural.
Pero, por supuesto, no sucede nada de eso. Es cierto que el actual período de sequía barcelonés es importante; pero el de mitad de los años setenta, e incluso el de los comienzos de este siglo, fueron peores. La propia Agencia Catalana del Agua lo recoge en un documento sobre la pluviometría acumulada en la ciudad de Barcelona desde el año 1941: “[los datos actuales] son sintomáticos de la gravedad de la situación (…) pero en el caso de Barcelona la situación no se puede llegar a calificar de extraordinaria”.
Así es: otros asuntos son los extraordinarios. Algunos de ellos me los sugirieron las informaciones del geógrafo Jorge Olcina, que además de ser sabio está en Alicante y ve perfectamente todo lo que sucede en Barcelona. Te los sintetizo.
1. En veinte años ha crecido la demanda de agua en las diversas coronas de la periferia barcelonesa. La vivienda unifamiliar y nuevos estilos de vida han propiciado el aumento y han puesto al límite la capacidad del abastecimiento.
2. Mientras que la agricultura barcelonesa consume el 73 por ciento del agua, sólo supone el 2% del PIB. Datos que son perfectamente extrapolables al resto de España.
3. Barcelona es la ciudad más disciplinada de España en el consumo: 115 litros por día y agua. La media española está en los 166.
4. El funcionamiento de la desaladora del Llobregat, cuya inauguración está prevista en unos meses, permitiría obtener 60 hectómetros cúbicos al año. Dado que el consumo mensual de Barcelona es de 24 hectómetros cúbicos, la desaladora supondrá una ayuda definitiva para situaciones de crisis.
4. El trasvase del Ebro, según el último Plan Hidrológico Nacional, habría supuesto 180 hectómetros cúbicos de agua para Barcelona, y por tanto la resolución definitiva de sus problemas de abastecimiento.
5. No hay ninguna ciudad europea de las características de Barcelona que modernamente haya sufrido restricciones.
Verás que todos estos datos permiten numerosas meditaciones de interés. El primero afecta a la realidad infraestructural catalana. La larga etapa pujolista no supo resolver un problema vital para el desarrollo, que se anunciaba, al menos, desde las extremadas sequías de mitad de los setenta, cuando hasta Josep Pla, horrorizado por la coyuntura y de viaje en las tierras del Ebro, incurrió en el tópico: “Esta carretera me produce mucha tristeza. las aguas del Ebro que se pierden en el mar –locura inmensa–”. Las aguas no se pierden en el mar, que es el morir, naturalmente. Esas aguas nutren la existencia del Delta del Ebro. El delta iba a ser el gran afectado por el trasvase y no resulta extraño que buena parte de sus habitantes se movilizaran. El trasvase y el delta fueron un asunto importante en el crepúsculo pujolista, y seguramente influyeron en su derrota. Pujol, con su apoyo a los proyectos hidráulicos del gobierno Aznar, se había decidido finalmente a encarar el problema. Pero ya era tarde. (Un momento: aquí cabe una de esas meditaciones que te hunden en la melancolía, pero que estoy obligado a hacer: fíjate por qué extraño y diabólico mecanismo el trasvase del Ebro, que iba a resolver la sed de Barcelona, fue siempre visto como un ataque frontal, uno más, del Partido Popular a Cataluña)
Vuelvo al cauce. Pujol reaccionó tarde y ya será siempre tarde para los grandes trasvases españoles. Entre la caída del gobierno Aznar y la sequía presente se ha producido la rápida expansión de las desaladoras. Han mejorado su eficacia (de cada litro de agua de mar ya se obtiene 0,75 de agua potable) y ha bajado su precio (de 0,90 euros el metro cúbico se ha pasado a un cifra que oscila entre 0,50 y 0,70). Las desaladoras son, por ahora, la mejor solución a los problemas del abastecimiento, especialmente en lugares de costa. Sin ellas hace tiempo que Murcia, Alicante y Almería sufrirían agobios y restricciones. El problema es que la desalación consume energía y España es un país claramente deficitario en su producción. Desde la moratoria nuclear decidida por Felipe González (que ha cambiado ahora, radicalmente, su punto de vista y se muestra favorable a la energía nuclear) las opciones energéticas españolas no están claras y el abastecimiento de agua requiere un plan (por ahora, inexistente) de centrales nucleares o térmicas. La desaladora del Llobregat era una pieza clave en las construcciones alternativas al derogado trasvase del Ebro. Que haya llegado antes la sequía es uno más de los fracasos políticos del gobierno tripartito en cualquiera de sus dos modalidades.
No voy a olvidarme de las cifras sobre la agricultura. Sintetizan uno de los problemas políticos más agudos de la modernidad. La agricultura, en Cataluña y en el resto de España, en términos generales, no es rentable. Vive de la subvención y de la ayuda pública. Y además consume una cantidad de agua que se acerca a lo intolerable. Estas cifras, conocidas, conviven, sin embargo, con la simpatía cultural por todo lo que la agricultura supone en términos de sosiego y orden “natural”, y sus valores son cíclicamente explotados, en especial por la izquierda. El conflicto entre el trasvase y el delta del Ebro es una manifestación nítida de la pugna entre las exigencias del trabajo y del ocio que, igualmente puede asociarse a la agricultura: el valor paisajístico de los campos agrícolas parece superior a su valor alimentario: las naranjas pueden comprarse en Marruecos: no pasa lo mismo con un paisaje de naranjos. Sin embargo, en los discurso políticos habituales no se percibe esa responsabilidad de la agricultura en el consumo de agua y, en general, en lo que supone su mantenimiento. Por contra el enfoque de la penalización se dirige contra el habitante de las ciudades al que se exige, algo ridículamente (en términos cuantitativos), que acorte sus duchas y sus vaciados de cisternas. Ahora mismo, mientras te escribo, veo por la ventana que en Castelldefels han multado a una mujer que limpiaba sus alfombras a manguerazos. Putrefacta demagogia para hacer ver que el poder hace. No es la ciudad, ¡sino su jardín!, la responsable del derroche.
Todos estos asuntos tan interesantes nos han llevado a la situación descrita, cuyo spleen describe estupendamente la rogativa del consejero ante la virgen negra. El consejero: no me lo quito de la cabeza. En su juventud cantaba a Dylan (A Hard Rain’s A-Gonna Fall) y ahora reza. En fin: tampoco hay tanta diferencia. Si Barcelona acaba sufriendo restricciones será un caso único entre sus iguales europeos. Y una degradación inconcebible de la marca de la ciudad, que ya empieza a vislumbrarse estos días con los estanques desventrados de sus jardines públicos. Hasta temo que hayan secado la lámina de agua del pabellón Mies van der Rohe. Nunca pensamos que por aquí pasara el llamado modelo Barcelona.
Pero lloverá. En nuestro mundo de látex el miedo tiene siempre un punto de deliciosa fabricación, y los cuentos un inexorable final feliz.
Sigue con salud.
A.
En la serie de plagas bíblicas que azotan desde hace tiempo a este territorio tan religioso, y después de los derrumbes y los apagones, le ha tocado el turno a la sed. Barcelona atraviesa por un período de sequía, característico de la zona mediterránea. Naturalmente lo primero que ha hecho la política es calificar la situación de excepcional. Calificada la situación de excepcional, se rebaja de inmediato el nivel de exigencia en el acierto. Hasta tal punto ha llegado el blindaje de la excepción que el responsable gubernamental del Medio Ambiente se ha ido a la montaña de Montserrat a invocar la ayuda de la Virgen. Es fama y ya historia en el rap de los políticos (junto al “por-qué-no-te-callas”, de Juan Carlos, Rey; “el-lárgate-pobre-gilipollas”, de Nicolas Sarkozy y el “hola-hola-felicidades”, de Bush) la plegaria agnóstica del consejero Baltasar a la Virgen negra: “Ja-saps-que-sóc-agnòstic-però-si-pots-fer-quelcom-fes-ho”. Estaríamos, pues, ante una sequía no ya excepcional, sino declaradamente sobrenatural.
Pero, por supuesto, no sucede nada de eso. Es cierto que el actual período de sequía barcelonés es importante; pero el de mitad de los años setenta, e incluso el de los comienzos de este siglo, fueron peores. La propia Agencia Catalana del Agua lo recoge en un documento sobre la pluviometría acumulada en la ciudad de Barcelona desde el año 1941: “[los datos actuales] son sintomáticos de la gravedad de la situación (…) pero en el caso de Barcelona la situación no se puede llegar a calificar de extraordinaria”.
Así es: otros asuntos son los extraordinarios. Algunos de ellos me los sugirieron las informaciones del geógrafo Jorge Olcina, que además de ser sabio está en Alicante y ve perfectamente todo lo que sucede en Barcelona. Te los sintetizo.
1. En veinte años ha crecido la demanda de agua en las diversas coronas de la periferia barcelonesa. La vivienda unifamiliar y nuevos estilos de vida han propiciado el aumento y han puesto al límite la capacidad del abastecimiento.
2. Mientras que la agricultura barcelonesa consume el 73 por ciento del agua, sólo supone el 2% del PIB. Datos que son perfectamente extrapolables al resto de España.
3. Barcelona es la ciudad más disciplinada de España en el consumo: 115 litros por día y agua. La media española está en los 166.
4. El funcionamiento de la desaladora del Llobregat, cuya inauguración está prevista en unos meses, permitiría obtener 60 hectómetros cúbicos al año. Dado que el consumo mensual de Barcelona es de 24 hectómetros cúbicos, la desaladora supondrá una ayuda definitiva para situaciones de crisis.
4. El trasvase del Ebro, según el último Plan Hidrológico Nacional, habría supuesto 180 hectómetros cúbicos de agua para Barcelona, y por tanto la resolución definitiva de sus problemas de abastecimiento.
5. No hay ninguna ciudad europea de las características de Barcelona que modernamente haya sufrido restricciones.
Verás que todos estos datos permiten numerosas meditaciones de interés. El primero afecta a la realidad infraestructural catalana. La larga etapa pujolista no supo resolver un problema vital para el desarrollo, que se anunciaba, al menos, desde las extremadas sequías de mitad de los setenta, cuando hasta Josep Pla, horrorizado por la coyuntura y de viaje en las tierras del Ebro, incurrió en el tópico: “Esta carretera me produce mucha tristeza. las aguas del Ebro que se pierden en el mar –locura inmensa–”. Las aguas no se pierden en el mar, que es el morir, naturalmente. Esas aguas nutren la existencia del Delta del Ebro. El delta iba a ser el gran afectado por el trasvase y no resulta extraño que buena parte de sus habitantes se movilizaran. El trasvase y el delta fueron un asunto importante en el crepúsculo pujolista, y seguramente influyeron en su derrota. Pujol, con su apoyo a los proyectos hidráulicos del gobierno Aznar, se había decidido finalmente a encarar el problema. Pero ya era tarde. (Un momento: aquí cabe una de esas meditaciones que te hunden en la melancolía, pero que estoy obligado a hacer: fíjate por qué extraño y diabólico mecanismo el trasvase del Ebro, que iba a resolver la sed de Barcelona, fue siempre visto como un ataque frontal, uno más, del Partido Popular a Cataluña)
Vuelvo al cauce. Pujol reaccionó tarde y ya será siempre tarde para los grandes trasvases españoles. Entre la caída del gobierno Aznar y la sequía presente se ha producido la rápida expansión de las desaladoras. Han mejorado su eficacia (de cada litro de agua de mar ya se obtiene 0,75 de agua potable) y ha bajado su precio (de 0,90 euros el metro cúbico se ha pasado a un cifra que oscila entre 0,50 y 0,70). Las desaladoras son, por ahora, la mejor solución a los problemas del abastecimiento, especialmente en lugares de costa. Sin ellas hace tiempo que Murcia, Alicante y Almería sufrirían agobios y restricciones. El problema es que la desalación consume energía y España es un país claramente deficitario en su producción. Desde la moratoria nuclear decidida por Felipe González (que ha cambiado ahora, radicalmente, su punto de vista y se muestra favorable a la energía nuclear) las opciones energéticas españolas no están claras y el abastecimiento de agua requiere un plan (por ahora, inexistente) de centrales nucleares o térmicas. La desaladora del Llobregat era una pieza clave en las construcciones alternativas al derogado trasvase del Ebro. Que haya llegado antes la sequía es uno más de los fracasos políticos del gobierno tripartito en cualquiera de sus dos modalidades.
No voy a olvidarme de las cifras sobre la agricultura. Sintetizan uno de los problemas políticos más agudos de la modernidad. La agricultura, en Cataluña y en el resto de España, en términos generales, no es rentable. Vive de la subvención y de la ayuda pública. Y además consume una cantidad de agua que se acerca a lo intolerable. Estas cifras, conocidas, conviven, sin embargo, con la simpatía cultural por todo lo que la agricultura supone en términos de sosiego y orden “natural”, y sus valores son cíclicamente explotados, en especial por la izquierda. El conflicto entre el trasvase y el delta del Ebro es una manifestación nítida de la pugna entre las exigencias del trabajo y del ocio que, igualmente puede asociarse a la agricultura: el valor paisajístico de los campos agrícolas parece superior a su valor alimentario: las naranjas pueden comprarse en Marruecos: no pasa lo mismo con un paisaje de naranjos. Sin embargo, en los discurso políticos habituales no se percibe esa responsabilidad de la agricultura en el consumo de agua y, en general, en lo que supone su mantenimiento. Por contra el enfoque de la penalización se dirige contra el habitante de las ciudades al que se exige, algo ridículamente (en términos cuantitativos), que acorte sus duchas y sus vaciados de cisternas. Ahora mismo, mientras te escribo, veo por la ventana que en Castelldefels han multado a una mujer que limpiaba sus alfombras a manguerazos. Putrefacta demagogia para hacer ver que el poder hace. No es la ciudad, ¡sino su jardín!, la responsable del derroche.
Todos estos asuntos tan interesantes nos han llevado a la situación descrita, cuyo spleen describe estupendamente la rogativa del consejero ante la virgen negra. El consejero: no me lo quito de la cabeza. En su juventud cantaba a Dylan (A Hard Rain’s A-Gonna Fall) y ahora reza. En fin: tampoco hay tanta diferencia. Si Barcelona acaba sufriendo restricciones será un caso único entre sus iguales europeos. Y una degradación inconcebible de la marca de la ciudad, que ya empieza a vislumbrarse estos días con los estanques desventrados de sus jardines públicos. Hasta temo que hayan secado la lámina de agua del pabellón Mies van der Rohe. Nunca pensamos que por aquí pasara el llamado modelo Barcelona.
Pero lloverá. En nuestro mundo de látex el miedo tiene siempre un punto de deliciosa fabricación, y los cuentos un inexorable final feliz.
Sigue con salud.
A.
viernes, 4 de abril de 2008
Cuando un presidente miente impunemente
Detrás de los campos de golf no sólo hay "ricos" paseándose por una alfombra verde, a su alrededor hay una potente industria turística y miles de puestos de trabajo. Antonio Robles, en la columna Izquierda Liberal, de Libertad Digital (4/4/2008)
Día 2 de Abril de 2008. 16 horas. Una tarde espléndida de sol. Ni una gota de agua en Barcelona, pero un verdadero chaparrón dentro del Parlamento. Aunque de mentiras. Detrás de todas ellas, el Muy Honorable Presidente de la Generalitat, José Montilla. Mintió en la sesión de control ante la exigencia del grupo parlamentario de Ciudadanos de que cumpla las tres sentencias del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña que obliga a la Consejería de Educación a poner una casilla de opción lingüística en la prescripción escolar que, un año más, ha incumplido. Pues bien, ante la evidencia de su incumplimiento mintió a toda la cámara, como volvió a mentir negando que en Cataluña se multe a nadie por rotular sólo en castellano. Parece que es una peste "nacional", pues el secretario de Política lingüística, Bernat Joan, también lo negó sin inmutarse en comparecencia parlamentaria la semana pasada. Ya daremos en un próximo artículo cada una de las multas y su cuantía. ¡Ja n’hi ha prou!, como se dice en catalán.
Pero lo peor estaba por llegar. Contextualizo: el año 2001 se aprobó el Plan Hidrológico Nacional que incluía el trasvase de agua del Ebro tanto al levante español como a Cataluña. Por entonces, la oposición del PSC, ERC e ICV, además de la del PSOE, fue tremendamente dura. Eran los tiempos de "ni una gota de agua al sur", de Pascual Maragall o de las denuncias contra el trasvase ante la Unión Europea de la entonces secretaria de Medio Ambiente del PSC y actual consejera de Justicia de la Generalitat, Montserrat Tura. Con la llegada de Zapatero al Gobierno, el PHN se echó abajo en 2004. Hoy ese Plan hubiera solucionado las penurias de la sequía actual, pero esa mentalidad adolescente, que ignora las sumas dificultades que hay para asegurar nuestra existencia, prefirió pensar que el bienestar en que estamos instalados es connatural a su ecologismo de salón.
Sólo cuatro años después, la sed del sur ha llegado a Cataluña, pero curiosamente, ahora la necesidad imperiosa de agua hace razonable el trasvase de agua del Segre (afluente del Ebro) para asegurar el agua de boca de la región metropolitana de Barcelona. Los mismos que satanizaron al PP por el trasvase del Ebro, ahora necesitaban imperiosamente el del Segre. Había que vender la contradicción y recurrieron a lo que son expertos nacionalistas y socialistas: el reciclaje de palabras y sus significados. Por eso, el conseller de Medio Ambiente de la Generalitat, Francesc Baltasar, modeló nuevas expresiones para enmascarar el tocomocho. Y se sacó de la manga hablar de "captación" de aguas del Segre de forma temporal en lugar de "trasvase". Antes, sin embargo –lo recordó ayer Artur Mas–, incluso había negado ante el Parlamento esa misma posibilidad de trasvase, o captación. La manipulación o la mentira aparecían en escena.
Recupero el hilo después de los meandros fluviales. En su turno de palabra, el portavoz del grupo parlamentario del PPC le espetó sin miramientos: "¿Es verdad que el Gobierno de España pidió a su Gobierno que ocultase el trasvase del río Segre hasta que pasasen las elecciones generales?" Mutis por el forro, a pesar de que su propio conseller de Medio Ambiente, Francesc Baltasar acababa de informar sobre ese particular a un medio de comunicación ese mismo día. La cámara, rendida o impotente ante la capacidad cínica de quien nos gobierna, se choteó, pero él ni si inmutó.
Hubo de venir Artur Más para censurarle con palabras duras su impostura y la de su conseller: "Mire..., no se puede venir al Parlamento y mentir. Y el conseller de Medio Ambiente vino al Parlamento y mintió porque dijo que no se estaba estudiando ningún trasvase". "Las palabras –le siguió reprochando– no están al servicio de la política, y menos de la politiquería. No se puede prostituir el lenguaje, ni contaminar las palabras continuamente, si no, no nos podremos entender". Sabias palabras; lástima que haya sido su partido quien empezó a hacerlo primero allá por los años 80 con aquello de la "normalización" para aplicar una limpieza lingüística, o introducir el concepto antropológico de "lengua propia" en el Estatuto para ocultar sus intenciones jurídicas de lengua única o, de "bilingüismo" para imponer el monolingüismo, o de "catalanismo" para meter con vaselina puro nacionalismo, etc.
Pero el señor Montilla no sólo sabe mentir, también puede utilizar la demagogia más viscosa y estomagante. A propósito de la explosión de esta crisis y la negativa del Gobierno central a permitir el trasvase, el presidente catalán hizo de Pujol y sacó pecho: "Si no llueve tendremos que coger agua de donde haya para que la gente beba". Acabáramos, parece que sólo cuando la sed aprieta en carne propia, vemos la necesidad de los trasvases. No le voy a criticar su súbito interés, pero es inaceptable que a la vez y al mismo tiempo que declaraba estas cosas, tenía el cinismo de acusar al levante español de querer el agua del Ebro para "hacer campos de golf y grandes desarrollos urbanísticos". Es intolerable. Y después se quejará de que a los catalanes no nos quieran. No sé qué es peor, si la mezquina acusación a valencianos, murcianos y almerienses o el menosprecio que demuestra tratando a los catalanes de estúpidos.
Aparte de esa simplificación insufrible, porque en el levante español también hay una rica producción agrícola fundamentada sobre todo en la huerta que necesita agua, la riqueza y los puestos de trabajo en España no se reducen a la agricultura, detrás de los campos de golf no sólo hay "ricos" paseándose por una alfombra verde, a su alrededor hay una potente industria turística y miles de puestos de trabajo. No hay que olvidar que la balanza exterior española la equilibramos, desde los años sesenta, con el turismo.
Una vez más, en Cataluña, la voluntad de ser de socialistas y nacionalistas les lleva a obsesionarse por diferenciarse del resto de España, les lleva a sostener posiciones insolidarias, muchas veces vistas por los demás como tremendamente egoístas, que tarde o temprano acaban reflejándolos en un espejo para recordarles lo incoherentes que somos. Les pasa a menudo: son capaces de exigir los papeles de Salamanca, pero incapaces de reconocerle a la diócesis de Aragón sus derechos sobre piezas históricas de la Iglesia que tenemos en Cataluña. Con el agua nos ha pasado lo mismo: son capaces de sumar esfuerzos con el Gobierno central del PSOE para levantarse en armas contra el Plan Hidrológico Nacional que trasvasaría agua del Ebro a Valencia, Murcia y Almería, pero montan en cólera cuando el mismo Gobierno socialista que impidió ese Plan Hidrológico Nacional de Trasvase de agua del Ebro a Valencia, Murcia y Almería, nos niega el agua a nosotros por las mismas causas. ¿Por qué se extrañan entonces de que el presidente del PP andaluz, Javier Arenas, aprovechando eso de "a río revuelto ganancia de pescadores" les pregunte "por qué algunos son tan solidarios a la hora de pedir y tan insolidarios a la hora de dar lo que les sobra"?
Porque es verdad, sobra agua puntualmente del Ebro. Este río no dispone de un caudal constante, tiene picos de crecidas y meses de bajo caudal. Aprovechar, retener, embalsar estos puntos extremos nos garantizaría regular el caudal a lo largo del año y trasvasar necesidades excedentarias: 11.000 hm3 de agua que se suelta al mar cada año sin darle uso alguno. El PHN sólo hubiera utilizado 1050 hm3 de esos excedentes, de los que 200 hm3 eran para Cataluña. Más de lo que se necesita ahora para paliar la crisis de sequía.
Es preciso arrebatar temas tan vitales y manipulables como los del agua a la tentación partidista. No hay una única opción ni una opción óptima. Se debería apostar por posturas eclécticas y sincréticas porque no hay soluciones absolutas, sino soluciones más o menos interesantes en función de variables que van desde cuestiones ecológicas a intereses económicos. Pero cuando metemos la nación o los derechos del territorio por medio, nos topamos con problemas artificiales y enfrentamientos peligrosos.
Lo estamos viendo ahora mismo en el mismo corazón de Cataluña, con el enfrentamiento entre la Cataluña interior y rural contra la Cataluña metropolitana y turística. El mismo enfrentamiento que se dio a propósito del PHN. Comunidades enfrentadas por la propiedad del agua. Debería haber un Plan Hidrológico Nacional que comunicara cuencas y distribuyera aguas, que implantara desaladoras y explotara acuíferos, que saneara la red de distribución, que recuperara aguas residuales y previera nuevos métodos de aprovechamiento, distribución y generación de aguas. Y sobre todo, que los intereses de todos fueran respetados, pero ninguno pudiera vetar el agua a nadie porque el agua no es suya sino de todos, y debe ser el Estado quien distribuya ese agua en función de las necesidades del territorio y de las personas para salvaguardar la sostenibilidad ecológica y las necesidades agrarias, industriales, turísticas y vitales.
Es en estos casos donde el Estado se nota imprescindible.
Día 2 de Abril de 2008. 16 horas. Una tarde espléndida de sol. Ni una gota de agua en Barcelona, pero un verdadero chaparrón dentro del Parlamento. Aunque de mentiras. Detrás de todas ellas, el Muy Honorable Presidente de la Generalitat, José Montilla. Mintió en la sesión de control ante la exigencia del grupo parlamentario de Ciudadanos de que cumpla las tres sentencias del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña que obliga a la Consejería de Educación a poner una casilla de opción lingüística en la prescripción escolar que, un año más, ha incumplido. Pues bien, ante la evidencia de su incumplimiento mintió a toda la cámara, como volvió a mentir negando que en Cataluña se multe a nadie por rotular sólo en castellano. Parece que es una peste "nacional", pues el secretario de Política lingüística, Bernat Joan, también lo negó sin inmutarse en comparecencia parlamentaria la semana pasada. Ya daremos en un próximo artículo cada una de las multas y su cuantía. ¡Ja n’hi ha prou!, como se dice en catalán.
Pero lo peor estaba por llegar. Contextualizo: el año 2001 se aprobó el Plan Hidrológico Nacional que incluía el trasvase de agua del Ebro tanto al levante español como a Cataluña. Por entonces, la oposición del PSC, ERC e ICV, además de la del PSOE, fue tremendamente dura. Eran los tiempos de "ni una gota de agua al sur", de Pascual Maragall o de las denuncias contra el trasvase ante la Unión Europea de la entonces secretaria de Medio Ambiente del PSC y actual consejera de Justicia de la Generalitat, Montserrat Tura. Con la llegada de Zapatero al Gobierno, el PHN se echó abajo en 2004. Hoy ese Plan hubiera solucionado las penurias de la sequía actual, pero esa mentalidad adolescente, que ignora las sumas dificultades que hay para asegurar nuestra existencia, prefirió pensar que el bienestar en que estamos instalados es connatural a su ecologismo de salón.
Sólo cuatro años después, la sed del sur ha llegado a Cataluña, pero curiosamente, ahora la necesidad imperiosa de agua hace razonable el trasvase de agua del Segre (afluente del Ebro) para asegurar el agua de boca de la región metropolitana de Barcelona. Los mismos que satanizaron al PP por el trasvase del Ebro, ahora necesitaban imperiosamente el del Segre. Había que vender la contradicción y recurrieron a lo que son expertos nacionalistas y socialistas: el reciclaje de palabras y sus significados. Por eso, el conseller de Medio Ambiente de la Generalitat, Francesc Baltasar, modeló nuevas expresiones para enmascarar el tocomocho. Y se sacó de la manga hablar de "captación" de aguas del Segre de forma temporal en lugar de "trasvase". Antes, sin embargo –lo recordó ayer Artur Mas–, incluso había negado ante el Parlamento esa misma posibilidad de trasvase, o captación. La manipulación o la mentira aparecían en escena.
Recupero el hilo después de los meandros fluviales. En su turno de palabra, el portavoz del grupo parlamentario del PPC le espetó sin miramientos: "¿Es verdad que el Gobierno de España pidió a su Gobierno que ocultase el trasvase del río Segre hasta que pasasen las elecciones generales?" Mutis por el forro, a pesar de que su propio conseller de Medio Ambiente, Francesc Baltasar acababa de informar sobre ese particular a un medio de comunicación ese mismo día. La cámara, rendida o impotente ante la capacidad cínica de quien nos gobierna, se choteó, pero él ni si inmutó.
Hubo de venir Artur Más para censurarle con palabras duras su impostura y la de su conseller: "Mire..., no se puede venir al Parlamento y mentir. Y el conseller de Medio Ambiente vino al Parlamento y mintió porque dijo que no se estaba estudiando ningún trasvase". "Las palabras –le siguió reprochando– no están al servicio de la política, y menos de la politiquería. No se puede prostituir el lenguaje, ni contaminar las palabras continuamente, si no, no nos podremos entender". Sabias palabras; lástima que haya sido su partido quien empezó a hacerlo primero allá por los años 80 con aquello de la "normalización" para aplicar una limpieza lingüística, o introducir el concepto antropológico de "lengua propia" en el Estatuto para ocultar sus intenciones jurídicas de lengua única o, de "bilingüismo" para imponer el monolingüismo, o de "catalanismo" para meter con vaselina puro nacionalismo, etc.
Pero el señor Montilla no sólo sabe mentir, también puede utilizar la demagogia más viscosa y estomagante. A propósito de la explosión de esta crisis y la negativa del Gobierno central a permitir el trasvase, el presidente catalán hizo de Pujol y sacó pecho: "Si no llueve tendremos que coger agua de donde haya para que la gente beba". Acabáramos, parece que sólo cuando la sed aprieta en carne propia, vemos la necesidad de los trasvases. No le voy a criticar su súbito interés, pero es inaceptable que a la vez y al mismo tiempo que declaraba estas cosas, tenía el cinismo de acusar al levante español de querer el agua del Ebro para "hacer campos de golf y grandes desarrollos urbanísticos". Es intolerable. Y después se quejará de que a los catalanes no nos quieran. No sé qué es peor, si la mezquina acusación a valencianos, murcianos y almerienses o el menosprecio que demuestra tratando a los catalanes de estúpidos.
Aparte de esa simplificación insufrible, porque en el levante español también hay una rica producción agrícola fundamentada sobre todo en la huerta que necesita agua, la riqueza y los puestos de trabajo en España no se reducen a la agricultura, detrás de los campos de golf no sólo hay "ricos" paseándose por una alfombra verde, a su alrededor hay una potente industria turística y miles de puestos de trabajo. No hay que olvidar que la balanza exterior española la equilibramos, desde los años sesenta, con el turismo.
Una vez más, en Cataluña, la voluntad de ser de socialistas y nacionalistas les lleva a obsesionarse por diferenciarse del resto de España, les lleva a sostener posiciones insolidarias, muchas veces vistas por los demás como tremendamente egoístas, que tarde o temprano acaban reflejándolos en un espejo para recordarles lo incoherentes que somos. Les pasa a menudo: son capaces de exigir los papeles de Salamanca, pero incapaces de reconocerle a la diócesis de Aragón sus derechos sobre piezas históricas de la Iglesia que tenemos en Cataluña. Con el agua nos ha pasado lo mismo: son capaces de sumar esfuerzos con el Gobierno central del PSOE para levantarse en armas contra el Plan Hidrológico Nacional que trasvasaría agua del Ebro a Valencia, Murcia y Almería, pero montan en cólera cuando el mismo Gobierno socialista que impidió ese Plan Hidrológico Nacional de Trasvase de agua del Ebro a Valencia, Murcia y Almería, nos niega el agua a nosotros por las mismas causas. ¿Por qué se extrañan entonces de que el presidente del PP andaluz, Javier Arenas, aprovechando eso de "a río revuelto ganancia de pescadores" les pregunte "por qué algunos son tan solidarios a la hora de pedir y tan insolidarios a la hora de dar lo que les sobra"?
Porque es verdad, sobra agua puntualmente del Ebro. Este río no dispone de un caudal constante, tiene picos de crecidas y meses de bajo caudal. Aprovechar, retener, embalsar estos puntos extremos nos garantizaría regular el caudal a lo largo del año y trasvasar necesidades excedentarias: 11.000 hm3 de agua que se suelta al mar cada año sin darle uso alguno. El PHN sólo hubiera utilizado 1050 hm3 de esos excedentes, de los que 200 hm3 eran para Cataluña. Más de lo que se necesita ahora para paliar la crisis de sequía.
Es preciso arrebatar temas tan vitales y manipulables como los del agua a la tentación partidista. No hay una única opción ni una opción óptima. Se debería apostar por posturas eclécticas y sincréticas porque no hay soluciones absolutas, sino soluciones más o menos interesantes en función de variables que van desde cuestiones ecológicas a intereses económicos. Pero cuando metemos la nación o los derechos del territorio por medio, nos topamos con problemas artificiales y enfrentamientos peligrosos.
Lo estamos viendo ahora mismo en el mismo corazón de Cataluña, con el enfrentamiento entre la Cataluña interior y rural contra la Cataluña metropolitana y turística. El mismo enfrentamiento que se dio a propósito del PHN. Comunidades enfrentadas por la propiedad del agua. Debería haber un Plan Hidrológico Nacional que comunicara cuencas y distribuyera aguas, que implantara desaladoras y explotara acuíferos, que saneara la red de distribución, que recuperara aguas residuales y previera nuevos métodos de aprovechamiento, distribución y generación de aguas. Y sobre todo, que los intereses de todos fueran respetados, pero ninguno pudiera vetar el agua a nadie porque el agua no es suya sino de todos, y debe ser el Estado quien distribuya ese agua en función de las necesidades del territorio y de las personas para salvaguardar la sostenibilidad ecológica y las necesidades agrarias, industriales, turísticas y vitales.
Es en estos casos donde el Estado se nota imprescindible.
jueves, 3 de abril de 2008
Los polvos y los lodos
Por Francesc de Carreras, catedrático de Derecho Constitucional de la UAB (LA VANGUARDIA, 03/04/08):
Una vez más, el Govern tripartito que dirige la Generalitat está dando muestras de su ineptitud, de nuevo cae en el ridículo. Ello no resulta ya raro, estamos acostumbrados. En los últimos años se han sucedido percances y desventuras diversas, ahora estamos en una de nuevo tipo: nos hemos quedado sin agua. Como por ensalmo, los embalses están vacíos. A los hundimientos, apagones, socavones y atascos, ahora debemos agregar la pertinaz sequía. Como en los viejos tiempos. El acreditado derecho secular adquirido por los barceloneses de que al abrir el grifo salga agua - derecho que se olvidaron garantizar en el nuevo Estatut- quedará, si Dios no lo remedia, severamente restringido. Ya andan poniendo multas a quien se excede: por lo visto los ciudadanos pasamos demasiado rato en la ducha y hasta algunos quieren llenar su piscina. Insostenibles somos.
Más allá del humor y la ironía, quizás la única defensa que nos queda, habría que comenzar a pensar en las causas de tanto desgobierno, en sus motivos de fondo. No puede ser una casualidad que sobre nosotros caigan todas esas desgracias juntas en tan poco tiempo. La sociedad catalana funciona en general de manera aceptable, muchos escogen Catalunya como lugar donde ir a vivir. Por algo será. El problema, por tanto, no está en la sociedad, el problema está en los políticos que tenemos. Con los políticos nos empieza a pasar como en Italia hace treinta años. Ahora allí ya es distinto, también la sociedad empieza a no funcionar. Es inevitable: si los poderes públicos son ineficaces, la sociedad se resiente. Quizás estemos ya en esta peligrosa pendiente.
Un observador tan ecuánime e informado como el economista Antón Costas lo advertía hace un par de días en El País:”Catalunya es la comunidad española donde es más difícil y engorroso llevar a cabo nuevas inversiones industriales y construir infraestructuras. Tanto que, si he de creer lo que oigo, muchos empresarios tienden a deslocalizar sus inversiones hacia otras comunidades. No tengo datos a mano para comprobarlo, pero sí puedo afirmar que es una opinión cada vez más extendida, no sólo en el mundo empresarial, sino también entre técnicos y responsables públicos de infraestructuras”. Yo añadiría que no sólo es engorroso para las inversiones: también lo es para que vengan a Catalunya jueces y notarios, profesores de universidad y técnicos cualificados para las empresas.
En efecto, la sociedad catalana se muestra cada vez más cerrada. La obsesión por preservar una presunta identidad sirve de coartada para esconder mezquinos intereses corporativos, muy especialmente evitar la competencia profesional y laboral. Me comentaba hace un tiempo un profesor de la Universitat de Barcelona, no nacido en Catalunya y procedente de otras universidades de España, que desde que había llegado aquí, hace ya más de diez años, no pasaba semana sin que alguno de sus compañeros le preguntara, de manera descarada o sutil, cuándo dejaría Barcelona e iría a otra universidad, naturalmente de fuera de Catalunya. Siempre lo mismo: nosotros y los otros, los propietarios y los inquilinos. Hablan mucho de la identidad y lo que pretenden, simplemente, es un mejor puesto de trabajo con el menor esfuerzo posible. Estamos en la suave pendiente de una inevitable decadencia. Nos empobrecemos, material y moralmente.
Desde la Generalitat, los políticos catalanes han fomentado esta cerrada mentalidad desde hace treinta años. A sabiendas o sin saberlo. Y han fomentado, entre ellos mismos, más que nadie, esta endogamia corporativista. Los malos resultados están a la vista, gobiernen unos u otros. En cualquier empresa los hubieran despedido. Nosotros no podemos: no hay recambio a la vista, o el recambio es más de lo mismo.
El espectáculo de estos últimos días ha sido fascinante. Que se enfrenten oposición y Gobierno es normal. Que dentro del mismo Gobierno se opongan unos a otros no lo es, aunque al estar formado por tres partidos, alguna explicación tiene. Que discrepen públicamente los miembros de un mismo partido que son compañeros de gabinete es sumamente raro. Ahora bien, lo más sorprendente ha sido la división de opiniones por motivos territoriales: los consellers que viven en Lleida, aunque sean de partidos distintos, se han unido contra el resto. Esto no tiene explicación razonable alguna. Pero a esto hemos llegado.
Es decir, en Catalunya hemos llegado a que, dentro de un mismo gobierno, las opiniones se defienden no porque estén basadas en criterios objetivos y razonables, de validez universal, sino por la identificación con los intereses de un determinado territorio. Y no me refiero sólo a los consellers leridanos, sino a todos, es decir, también a los demás. Van a lo suyo, a defender a los suyos, no a defender los derechos e intereses de todos. Esto se llamaría solidaridad: no es una palabra de moda, la preferida es identidad, colectiva por supuesto. Todo hace pensar, pues, que la oposición al trasvase del Ebro podía estar basada en razones territoriales / identitarias semejantes. Lo que antes decían valencianos y murcianos, ahora lo sostienen los barceloneses. Quizás de aquellos polvos vienen estos lodos.
Una vez más, el Govern tripartito que dirige la Generalitat está dando muestras de su ineptitud, de nuevo cae en el ridículo. Ello no resulta ya raro, estamos acostumbrados. En los últimos años se han sucedido percances y desventuras diversas, ahora estamos en una de nuevo tipo: nos hemos quedado sin agua. Como por ensalmo, los embalses están vacíos. A los hundimientos, apagones, socavones y atascos, ahora debemos agregar la pertinaz sequía. Como en los viejos tiempos. El acreditado derecho secular adquirido por los barceloneses de que al abrir el grifo salga agua - derecho que se olvidaron garantizar en el nuevo Estatut- quedará, si Dios no lo remedia, severamente restringido. Ya andan poniendo multas a quien se excede: por lo visto los ciudadanos pasamos demasiado rato en la ducha y hasta algunos quieren llenar su piscina. Insostenibles somos.
Más allá del humor y la ironía, quizás la única defensa que nos queda, habría que comenzar a pensar en las causas de tanto desgobierno, en sus motivos de fondo. No puede ser una casualidad que sobre nosotros caigan todas esas desgracias juntas en tan poco tiempo. La sociedad catalana funciona en general de manera aceptable, muchos escogen Catalunya como lugar donde ir a vivir. Por algo será. El problema, por tanto, no está en la sociedad, el problema está en los políticos que tenemos. Con los políticos nos empieza a pasar como en Italia hace treinta años. Ahora allí ya es distinto, también la sociedad empieza a no funcionar. Es inevitable: si los poderes públicos son ineficaces, la sociedad se resiente. Quizás estemos ya en esta peligrosa pendiente.
Un observador tan ecuánime e informado como el economista Antón Costas lo advertía hace un par de días en El País:”Catalunya es la comunidad española donde es más difícil y engorroso llevar a cabo nuevas inversiones industriales y construir infraestructuras. Tanto que, si he de creer lo que oigo, muchos empresarios tienden a deslocalizar sus inversiones hacia otras comunidades. No tengo datos a mano para comprobarlo, pero sí puedo afirmar que es una opinión cada vez más extendida, no sólo en el mundo empresarial, sino también entre técnicos y responsables públicos de infraestructuras”. Yo añadiría que no sólo es engorroso para las inversiones: también lo es para que vengan a Catalunya jueces y notarios, profesores de universidad y técnicos cualificados para las empresas.
En efecto, la sociedad catalana se muestra cada vez más cerrada. La obsesión por preservar una presunta identidad sirve de coartada para esconder mezquinos intereses corporativos, muy especialmente evitar la competencia profesional y laboral. Me comentaba hace un tiempo un profesor de la Universitat de Barcelona, no nacido en Catalunya y procedente de otras universidades de España, que desde que había llegado aquí, hace ya más de diez años, no pasaba semana sin que alguno de sus compañeros le preguntara, de manera descarada o sutil, cuándo dejaría Barcelona e iría a otra universidad, naturalmente de fuera de Catalunya. Siempre lo mismo: nosotros y los otros, los propietarios y los inquilinos. Hablan mucho de la identidad y lo que pretenden, simplemente, es un mejor puesto de trabajo con el menor esfuerzo posible. Estamos en la suave pendiente de una inevitable decadencia. Nos empobrecemos, material y moralmente.
Desde la Generalitat, los políticos catalanes han fomentado esta cerrada mentalidad desde hace treinta años. A sabiendas o sin saberlo. Y han fomentado, entre ellos mismos, más que nadie, esta endogamia corporativista. Los malos resultados están a la vista, gobiernen unos u otros. En cualquier empresa los hubieran despedido. Nosotros no podemos: no hay recambio a la vista, o el recambio es más de lo mismo.
El espectáculo de estos últimos días ha sido fascinante. Que se enfrenten oposición y Gobierno es normal. Que dentro del mismo Gobierno se opongan unos a otros no lo es, aunque al estar formado por tres partidos, alguna explicación tiene. Que discrepen públicamente los miembros de un mismo partido que son compañeros de gabinete es sumamente raro. Ahora bien, lo más sorprendente ha sido la división de opiniones por motivos territoriales: los consellers que viven en Lleida, aunque sean de partidos distintos, se han unido contra el resto. Esto no tiene explicación razonable alguna. Pero a esto hemos llegado.
Es decir, en Catalunya hemos llegado a que, dentro de un mismo gobierno, las opiniones se defienden no porque estén basadas en criterios objetivos y razonables, de validez universal, sino por la identificación con los intereses de un determinado territorio. Y no me refiero sólo a los consellers leridanos, sino a todos, es decir, también a los demás. Van a lo suyo, a defender a los suyos, no a defender los derechos e intereses de todos. Esto se llamaría solidaridad: no es una palabra de moda, la preferida es identidad, colectiva por supuesto. Todo hace pensar, pues, que la oposición al trasvase del Ebro podía estar basada en razones territoriales / identitarias semejantes. Lo que antes decían valencianos y murcianos, ahora lo sostienen los barceloneses. Quizás de aquellos polvos vienen estos lodos.
miércoles, 12 de marzo de 2008
Consultas
Estos días leemos diversas noticias sobre la consulta del PDB en relación con el 0,7% de ayuda a países en vías de desarrollo, con la excusa de que en Blanes también hay gente necesitada.Si en Blanes hay gente necesitada es deber de nuestros gobernantes apoyar a las familias que puedan pasar dificultades temporalmente, ya sea con ayudas puntuales, créditos blandos y la confianza de ser escuchados por un funcionario especializado que pueda aconsejarles para remontar la situación.
El 0,7% si se utiliza en proyectos concretos y se hacen seguimientos, como creo se hacen, es sobre todo la manera de tener la conciencia tranquila para poder decir que no nos olvidamos de los más necesitados; este año se traduce en poco más de 150.000 €. Nos importa mucho más la buena gestión de nuestros impuestos, que no se tire nuestro dinero en proyectos que luego no se realizan, que no se pierdan subvenciones ya adjudicadas, etc., etc. Si tan buenas son las consultas, ¿por qué no se les ha ocurrido a nuestros políticos preguntarnos que nos parece que se hayan subido los sueldos nada más llegar?Recordemos que las ayudas al tercer mundo, más que ayudas, son una emergencia para intentar salvar seres humanos y mejorar sus condiciones de vida. Medicamentos, agua, alimentos, ayudas para la educación...
El 0,7% si se utiliza en proyectos concretos y se hacen seguimientos, como creo se hacen, es sobre todo la manera de tener la conciencia tranquila para poder decir que no nos olvidamos de los más necesitados; este año se traduce en poco más de 150.000 €. Nos importa mucho más la buena gestión de nuestros impuestos, que no se tire nuestro dinero en proyectos que luego no se realizan, que no se pierdan subvenciones ya adjudicadas, etc., etc. Si tan buenas son las consultas, ¿por qué no se les ha ocurrido a nuestros políticos preguntarnos que nos parece que se hayan subido los sueldos nada más llegar?Recordemos que las ayudas al tercer mundo, más que ayudas, son una emergencia para intentar salvar seres humanos y mejorar sus condiciones de vida. Medicamentos, agua, alimentos, ayudas para la educación...
ed. 158 -Pilar Esteban. Ciutadans-Partido de la Ciudadanía- 12 marzo 2008
viernes, 29 de febrero de 2008
Víctimas de nuestros mitos
En Cataluña, la falta de crítica a determinados mitos dominantes conduce, a menudo, al ridículo y, casi siempre, a melancólicos callejones sin salida.
Francesc de Carreras, en La Vanguardia
En Cataluña, la falta de crítica a determinados mitos dominantes conduce, a menudo, al ridículo y, casi siempre, a melancólicos callejones sin salida.
Haber declarado a Bono como uno de los más acérrimos anticatalanes - ¿quién se atrevería a negarlo en una de las muchas tertulias de los medios de comunicación?- puede hacer perder a CiU la vicepresidencia del Congreso, la presidencia de comisiones parlamentarias y no sé cuántos despachos y coches oficiales. Es decir, le hará perder influencia en Madrid. Pero da igual: aquella estética que, según Unamuno, ahogaba a los catalanes sigue haciendo estragos.
Lo mismo sucede con el trasvase de los ríos. Podría ser conveniente o inconveniente el trasvase del Ebro, aunque a la vista de las actuales restricciones es dudoso que la solución adoptada fuera la correcta. Pero, en todo caso, convertir el término trasvase en una palabra maldita sitúa al actual Govern en una posición inconsistente, como prueba el acuerdo del Consejo de Ministros de ayer. Otros sueñan, literalmente, con hacer llegar agua del Ródano: ¿acaso no hay movimientos ecologistas en el sur de Francia que intentarán impedirlo? Esta creencia de que los catalanes, por el mero hecho de serlo, lo tenemos todo pagado, sigue siendo nefasta.
Un tercer tópico es el de las balanzas fiscales, al parecer la clave que debe resolver todos nuestros problemas financieros. La causa de estos males no está, por supuesto, en que la Generalitat despilfarre el dinero en cuestiones inútiles. Entre otros ejemplos, tirar la casa por la ventana en Frankfurt cual nuevos ricos, gastar 32 millones en asesorías externas para tener contenta a la clientela de los partidos o financiar la apertura de fosas comunes a la búsqueda de los cadáveres de una guerra que terminó hace casi setenta años. No. La causa de nuestra hipotética mala financiación es que en Madrid hay alguien que esconde en un cajón las balanzas fiscales.
Publicarlas: otro mito inútil y perjudicial. No sé si las dichosas balanzas aportarán algo bueno, pero lo cierto es que, desde hace muchos años, se han ido publicando numerosos estudios sobre balanzas fiscales elaborados con criterios distintos y con resultados, lógicamente, contradictorios. El problema no es que se publiquen, sino que se elaboren unas balanzas bajo un único criterio acordado entre todas las partes. No están, por tanto, escondidas en un cajón, sino que falta establecer un único método para elaborarlas: una vez acordado se podrán conocer los resultados.
¿Se acuerdan ustedes de lo importante que era la desaparición de los gobernadores civiles? Hace más de diez años que dejaron de existir: ¿los catalanes somos más felices? Me temo que sucederá lo mismo con las balanzas fiscales. Los catalanes somos víctimas de nuestros propios mitos.
Francesc de Carreras, en La Vanguardia
En Cataluña, la falta de crítica a determinados mitos dominantes conduce, a menudo, al ridículo y, casi siempre, a melancólicos callejones sin salida.
Haber declarado a Bono como uno de los más acérrimos anticatalanes - ¿quién se atrevería a negarlo en una de las muchas tertulias de los medios de comunicación?- puede hacer perder a CiU la vicepresidencia del Congreso, la presidencia de comisiones parlamentarias y no sé cuántos despachos y coches oficiales. Es decir, le hará perder influencia en Madrid. Pero da igual: aquella estética que, según Unamuno, ahogaba a los catalanes sigue haciendo estragos.
Lo mismo sucede con el trasvase de los ríos. Podría ser conveniente o inconveniente el trasvase del Ebro, aunque a la vista de las actuales restricciones es dudoso que la solución adoptada fuera la correcta. Pero, en todo caso, convertir el término trasvase en una palabra maldita sitúa al actual Govern en una posición inconsistente, como prueba el acuerdo del Consejo de Ministros de ayer. Otros sueñan, literalmente, con hacer llegar agua del Ródano: ¿acaso no hay movimientos ecologistas en el sur de Francia que intentarán impedirlo? Esta creencia de que los catalanes, por el mero hecho de serlo, lo tenemos todo pagado, sigue siendo nefasta.
Un tercer tópico es el de las balanzas fiscales, al parecer la clave que debe resolver todos nuestros problemas financieros. La causa de estos males no está, por supuesto, en que la Generalitat despilfarre el dinero en cuestiones inútiles. Entre otros ejemplos, tirar la casa por la ventana en Frankfurt cual nuevos ricos, gastar 32 millones en asesorías externas para tener contenta a la clientela de los partidos o financiar la apertura de fosas comunes a la búsqueda de los cadáveres de una guerra que terminó hace casi setenta años. No. La causa de nuestra hipotética mala financiación es que en Madrid hay alguien que esconde en un cajón las balanzas fiscales.
Publicarlas: otro mito inútil y perjudicial. No sé si las dichosas balanzas aportarán algo bueno, pero lo cierto es que, desde hace muchos años, se han ido publicando numerosos estudios sobre balanzas fiscales elaborados con criterios distintos y con resultados, lógicamente, contradictorios. El problema no es que se publiquen, sino que se elaboren unas balanzas bajo un único criterio acordado entre todas las partes. No están, por tanto, escondidas en un cajón, sino que falta establecer un único método para elaborarlas: una vez acordado se podrán conocer los resultados.
¿Se acuerdan ustedes de lo importante que era la desaparición de los gobernadores civiles? Hace más de diez años que dejaron de existir: ¿los catalanes somos más felices? Me temo que sucederá lo mismo con las balanzas fiscales. Los catalanes somos víctimas de nuestros propios mitos.
jueves, 14 de febrero de 2008
Pel bilingüisme escolar
“Veo ausencias significativas en este Parlamento, parece que hay que ser terrorista, hay que llamarse Josu Ternera para que le escuchen a uno, ¿qué digo le escuchen a uno?, para que cojan el coche oficial y se vayan a dialogar”.
Amb aquesta frase va començar el seu discurs el senyor Francisco Caja (President de Convivència Cívica Catalana), recolzat per més de 50.000 ciutadans de Catalunya, en veure l’escampada de gran part dels parlamentaris autonòmics, inclòs el mateix president, en començar la seva exposició defensant la Iniciativa Legislativa Popular per l’ensenyament en la llengua materna i el bilingüisme a les escoles catalanes.
Aquesta trista realitat demostra que al govern català no l’interessa l’opinió de la ciutadania i vol continuar amb el seu projecte “d’immersió lingüística”, o millor dir d’exterminació de la llengua castellana. Un fet real i demostrable en qualsevol punt geogràfic català, on el que importa és la construcció d’una nació catalana, encara que això comporti, com està passant actualment, convertir escoles en correccionals lingüístics, discriminar ciutadans per ser castellanoparlants, prohibir la llibertat d’expressió en un dels dos idiomes oficials de Catalunya; un ventall ben ampli de polítiques lingüístiques que vulneren drets i llibertats fonamentals, un exemple més del ranci racisme cultural que aplica el govern de la Generalitat. Els polítics nacionalistes han imposat, igual que feia el dictador Franco amb el castellà, que l’única llengua vehicular a les escoles sigui una sola de les dues que parlem majoritàriament els ciutadans de Catalunya. Convivència Cívica Catalana, igual que defensa Ciutadans, vol que tots els escolars de Catalunya rebin lliurement l’educació bilingüe, que tots aprenguin el català i el castellà i que ambdues siguin vehiculars. Escoltin la veu de milers de ciutadans, perquè el que realment importa són les persones, almenys, per a nosaltres.
Aquesta trista realitat demostra que al govern català no l’interessa l’opinió de la ciutadania i vol continuar amb el seu projecte “d’immersió lingüística”, o millor dir d’exterminació de la llengua castellana. Un fet real i demostrable en qualsevol punt geogràfic català, on el que importa és la construcció d’una nació catalana, encara que això comporti, com està passant actualment, convertir escoles en correccionals lingüístics, discriminar ciutadans per ser castellanoparlants, prohibir la llibertat d’expressió en un dels dos idiomes oficials de Catalunya; un ventall ben ampli de polítiques lingüístiques que vulneren drets i llibertats fonamentals, un exemple més del ranci racisme cultural que aplica el govern de la Generalitat. Els polítics nacionalistes han imposat, igual que feia el dictador Franco amb el castellà, que l’única llengua vehicular a les escoles sigui una sola de les dues que parlem majoritàriament els ciutadans de Catalunya. Convivència Cívica Catalana, igual que defensa Ciutadans, vol que tots els escolars de Catalunya rebin lliurement l’educació bilingüe, que tots aprenguin el català i el castellà i que ambdues siguin vehiculars. Escoltin la veu de milers de ciutadans, perquè el que realment importa són les persones, almenys, per a nosaltres.
ed. 157 -Fran Hervías Chirosa. Ciutadans - Partido de la Ciudadanía- 14 febrero 2008
martes, 12 de febrero de 2008
Català sí, castellà també!
Diari de Girona, 12 de febrer de 2008
L´efecte Ciutadans en el Parlament de Catalunya comença a donar els seus fruits com ha quedat demostrat el passat dia 6 de febrer, quan el PP proposava que el castellà pugui ser també la llengua vehicular de l´ensenyament a Catalunya. Proposta ja defensada des dels seus inicis per Ciutadans. És una llàstima que ara el PP es posi les piles . Hem de tenir present que ells han governat durant vuit anys, quatre d´ells amb majoria absoluta i, ni tan sols es varen preocupar de la política lingüística de Catalunya. Suposo que les ànsies de poder per pactar amb PNB i CiU van fer mirar cap a un altres costat o, simplement, ni es varen preocupar de la discriminació que patia i pateix gran part de la població de Catalunya. Senyors del PP, heu arribat uns quants anys tard i, en aquesta ocasió, no per agafar el servei de rodalies, sinó pel seu encegament de poder, ja que van deixar a un costat les polítiques socials i les llibertats dels ciutadans, per pactar amb els nacionalistes, amb els mateixos que ens prohibeixen de llibertats i ens posen com a ciutadans de segona per cometre l´error de tenir com a llengua materna el castellà i expressar-nos, principalment, amb la llengua castellana. La dictadura franquista va prohibir i va perseguir el català, els nazis van emprar l´ensenyament per enverinar la ment de la societat alemanya, ara els socialistes nacionalistes prohibeixen i persegueixen el castellà, discriminen part de la societat i deixen sense llibertats i drets la ciutadania que exigeix la llibertat d´elecció lingüística. Imposar per la força una llengua amb finalitats nacionalistes és una forma més d´establir polítiques totalitàries extretes del feixismes més ranci, això sí, camuflades en fum democràtic. La discriminació lingüística és pur racisme cultural, i els drets i les llibertats són de les persones no dels territoris.
Fran Hervías. Secretari d´Acció Política de Ciutadans a Girona
L´efecte Ciutadans en el Parlament de Catalunya comença a donar els seus fruits com ha quedat demostrat el passat dia 6 de febrer, quan el PP proposava que el castellà pugui ser també la llengua vehicular de l´ensenyament a Catalunya. Proposta ja defensada des dels seus inicis per Ciutadans. És una llàstima que ara el PP es posi les piles . Hem de tenir present que ells han governat durant vuit anys, quatre d´ells amb majoria absoluta i, ni tan sols es varen preocupar de la política lingüística de Catalunya. Suposo que les ànsies de poder per pactar amb PNB i CiU van fer mirar cap a un altres costat o, simplement, ni es varen preocupar de la discriminació que patia i pateix gran part de la població de Catalunya. Senyors del PP, heu arribat uns quants anys tard i, en aquesta ocasió, no per agafar el servei de rodalies, sinó pel seu encegament de poder, ja que van deixar a un costat les polítiques socials i les llibertats dels ciutadans, per pactar amb els nacionalistes, amb els mateixos que ens prohibeixen de llibertats i ens posen com a ciutadans de segona per cometre l´error de tenir com a llengua materna el castellà i expressar-nos, principalment, amb la llengua castellana. La dictadura franquista va prohibir i va perseguir el català, els nazis van emprar l´ensenyament per enverinar la ment de la societat alemanya, ara els socialistes nacionalistes prohibeixen i persegueixen el castellà, discriminen part de la societat i deixen sense llibertats i drets la ciutadania que exigeix la llibertat d´elecció lingüística. Imposar per la força una llengua amb finalitats nacionalistes és una forma més d´establir polítiques totalitàries extretes del feixismes més ranci, això sí, camuflades en fum democràtic. La discriminació lingüística és pur racisme cultural, i els drets i les llibertats són de les persones no dels territoris.
Fran Hervías. Secretari d´Acció Política de Ciutadans a Girona
lunes, 4 de febrero de 2008
El efecto Ciudadanos
por Antonio Robles, en Libertad Digital (4/2/2008)
Andan contrariados algunos de mis compañeros por el cambio de chaqueta en política lingüística del Partido Popular. Otros están encantados. En sólo un año y medio hemos conseguido poner en cuestión todo el sistema de inmersión lingüística de la Generalitat de Cataluña, hablar en castellano en el Parlamento, abrir los ojos y aumentar la autoestima de miles de ciudadanos; pero, sobre todo, hemos conseguido que parte de nuestras tesis en política lingüística sean asumidas por el Partido Popular, mientras algunos miembros destacados del Partido Socialista de Cataluña presionan para levantar el pie del acelerador nacional.
En realidad, Ciudadanos no nació para ser un partido al uso, ya saben, como una empresa que se quiere perpetuar en el tiempo, sino para ser un proyecto capaz de cambiar la realidad. Su sola presencia –pensamos muchos muchas veces, mucho antes de que ni siquiera soñáramos con que fuera posible su existencia– obligaría a PPC y PSC a cambiar sus discursos en política lingüística. Estábamos convencidos de que sólo en el silencio podrían seguir siendo conculcados los derechos de los castellanohablantes, pero en el momento que fuera posible evidenciar la exclusión cultural, la fuerza de la gente castellanohablante en las urnas obligaría necesariamente al Partido Popular o al PSC, o a los dos, a cambiar de política lingüística si no querían ver mermados seriamente los apoyos de la comunidad castellanohablante.
Pues bien, en solo 15 meses la actividad parlamentaria de tres diputados ha obligado al Partido Popular de Cataluña a llevar al Pleno la reforma de la ley de política lingüística de 1998 para garantizar la enseñanza en lengua materna y la igualdad lingüística. Los 89.946 votos en las autonómicas del 1 de noviembre fueron el primer aviso; el segundo, la persistente labor de Ciudadanos por llevar a las instituciones la normalidad lingüística de la calle. Ayer no se hablaba castellano en el parlamento, hoy no sólo lo hacen tres parlamentarios.
Esta actitud de C’s ha obligado al PPC a utilizar retales de la lengua de Cervantes en algunas de sus intervenciones. Antes había dimitido su presidente, Josep Piqué, en buena medida por la atmósfera creada por Ciudadanos. Fue sintomático que quien le sustituyera en el cargo, Daniel Sirera hiciera la mitad de su discurso en la lengua común de todos los españoles a propósito de su primera intervención parlamentaria como presidente del PPC. Hasta el diputado Joan Ferrán, del PSC, se despachó a gusto contra la costra nacionalista de Catalunya Radio y TV3.
De esta guisa, el efecto Ciudadanos estaba a punto de convertirse en una leyenda. La rubricó la diputada Irene Rigau en la Comisión de Educación, el 31 de enero de 2008, al acusar al Partido Socialista de haberse dejado erosionar por la mala conciencia que el grupo mixto había conseguido meter también en el Partido Popular. "No ganarán ninguna votación", dijo la diputada de CiU, pero están consiguiendo crear mala conciencia en los dos grandes partidos de raíz española.
De esa presencia ocultada de Ciudadanos, pero temida por los populares, surgió la propuesta del candidato a la presidencia de España, Mariano Rajoy. Acababan de caer en la cuenta de que España era el único país del mundo donde la lengua oficial del Estado se la excluía como lengua de aprendizaje en alguna de sus comunidades. Y, además, la polvareda levantada por el desparpajo de Ciudadanos por denunciarlo le hizo caer en la cuenta de que el tema podría darles muchos votos. Intuido, temido y hecho: lanzó la promesa de una ley de lenguas para garantizar que todos los españoles pudieran estudiar en castellano vivieran donde vivieran. Y en esa atmósfera lingüística de cambio de ciclo, la presidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre, promete a su vez un colegio en la capital de España donde puedan estudiar en catalán quienes lo soliciten. Si la primera medida fue un pulso a los nacionalistas, la segunda los dejó sin argumentos. Unos días antes, el periodista y contertulio catalanista de Onda Cero Enric Julià había utilizado la imposibilidad de estudiar catalán en Madrid, para justificar la injustificable exclusión del castellano como lengua vehicular en Cataluña.
Sólo un año antes, semejantes medidas y promesas eran impensables. El fenómeno conocido como efecto Ciudadanos está cambiando la política nacional.
No, no es malo que el Partido Popular asuma las tesis de Ciudadanos, ni es malo que eso les lleve a recuperar votos, ni malo sería que el partido socialista de Cataluña las asumiese a su vez y, como el Partido Popular, también nos restase votos. Eso querría decir que Ciudadanos habría cumplido su misión primera: que los partidos nacionales se comprometan con la defensa de los intereses de todos los españoles.
Nunca un partido tan pequeño y en tan poco tiempo consiguió cambiar tantas cosas a tanta velocidad. Ciudadanos no debe temer que los dos grandes partidos nacionales les arrebaten las ideas; esa sería su mayor victoria. Al fin y al cabo, siempre sostuvimos que apoyaríamos cualquier idea que fuere justa y buena, viniera de donde viniera. En este caso no sólo son justas: son las nuestras.
Andan contrariados algunos de mis compañeros por el cambio de chaqueta en política lingüística del Partido Popular. Otros están encantados. En sólo un año y medio hemos conseguido poner en cuestión todo el sistema de inmersión lingüística de la Generalitat de Cataluña, hablar en castellano en el Parlamento, abrir los ojos y aumentar la autoestima de miles de ciudadanos; pero, sobre todo, hemos conseguido que parte de nuestras tesis en política lingüística sean asumidas por el Partido Popular, mientras algunos miembros destacados del Partido Socialista de Cataluña presionan para levantar el pie del acelerador nacional.
En realidad, Ciudadanos no nació para ser un partido al uso, ya saben, como una empresa que se quiere perpetuar en el tiempo, sino para ser un proyecto capaz de cambiar la realidad. Su sola presencia –pensamos muchos muchas veces, mucho antes de que ni siquiera soñáramos con que fuera posible su existencia– obligaría a PPC y PSC a cambiar sus discursos en política lingüística. Estábamos convencidos de que sólo en el silencio podrían seguir siendo conculcados los derechos de los castellanohablantes, pero en el momento que fuera posible evidenciar la exclusión cultural, la fuerza de la gente castellanohablante en las urnas obligaría necesariamente al Partido Popular o al PSC, o a los dos, a cambiar de política lingüística si no querían ver mermados seriamente los apoyos de la comunidad castellanohablante.
Pues bien, en solo 15 meses la actividad parlamentaria de tres diputados ha obligado al Partido Popular de Cataluña a llevar al Pleno la reforma de la ley de política lingüística de 1998 para garantizar la enseñanza en lengua materna y la igualdad lingüística. Los 89.946 votos en las autonómicas del 1 de noviembre fueron el primer aviso; el segundo, la persistente labor de Ciudadanos por llevar a las instituciones la normalidad lingüística de la calle. Ayer no se hablaba castellano en el parlamento, hoy no sólo lo hacen tres parlamentarios.
Esta actitud de C’s ha obligado al PPC a utilizar retales de la lengua de Cervantes en algunas de sus intervenciones. Antes había dimitido su presidente, Josep Piqué, en buena medida por la atmósfera creada por Ciudadanos. Fue sintomático que quien le sustituyera en el cargo, Daniel Sirera hiciera la mitad de su discurso en la lengua común de todos los españoles a propósito de su primera intervención parlamentaria como presidente del PPC. Hasta el diputado Joan Ferrán, del PSC, se despachó a gusto contra la costra nacionalista de Catalunya Radio y TV3.
De esta guisa, el efecto Ciudadanos estaba a punto de convertirse en una leyenda. La rubricó la diputada Irene Rigau en la Comisión de Educación, el 31 de enero de 2008, al acusar al Partido Socialista de haberse dejado erosionar por la mala conciencia que el grupo mixto había conseguido meter también en el Partido Popular. "No ganarán ninguna votación", dijo la diputada de CiU, pero están consiguiendo crear mala conciencia en los dos grandes partidos de raíz española.
De esa presencia ocultada de Ciudadanos, pero temida por los populares, surgió la propuesta del candidato a la presidencia de España, Mariano Rajoy. Acababan de caer en la cuenta de que España era el único país del mundo donde la lengua oficial del Estado se la excluía como lengua de aprendizaje en alguna de sus comunidades. Y, además, la polvareda levantada por el desparpajo de Ciudadanos por denunciarlo le hizo caer en la cuenta de que el tema podría darles muchos votos. Intuido, temido y hecho: lanzó la promesa de una ley de lenguas para garantizar que todos los españoles pudieran estudiar en castellano vivieran donde vivieran. Y en esa atmósfera lingüística de cambio de ciclo, la presidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre, promete a su vez un colegio en la capital de España donde puedan estudiar en catalán quienes lo soliciten. Si la primera medida fue un pulso a los nacionalistas, la segunda los dejó sin argumentos. Unos días antes, el periodista y contertulio catalanista de Onda Cero Enric Julià había utilizado la imposibilidad de estudiar catalán en Madrid, para justificar la injustificable exclusión del castellano como lengua vehicular en Cataluña.
Sólo un año antes, semejantes medidas y promesas eran impensables. El fenómeno conocido como efecto Ciudadanos está cambiando la política nacional.
No, no es malo que el Partido Popular asuma las tesis de Ciudadanos, ni es malo que eso les lleve a recuperar votos, ni malo sería que el partido socialista de Cataluña las asumiese a su vez y, como el Partido Popular, también nos restase votos. Eso querría decir que Ciudadanos habría cumplido su misión primera: que los partidos nacionales se comprometan con la defensa de los intereses de todos los españoles.
Nunca un partido tan pequeño y en tan poco tiempo consiguió cambiar tantas cosas a tanta velocidad. Ciudadanos no debe temer que los dos grandes partidos nacionales les arrebaten las ideas; esa sería su mayor victoria. Al fin y al cabo, siempre sostuvimos que apoyaríamos cualquier idea que fuere justa y buena, viniera de donde viniera. En este caso no sólo son justas: son las nuestras.
viernes, 18 de enero de 2008
Sobre lenguas y libertades
18 enero 2008, ABC, Xavier Pericay
CUANDO apenas se cumplían cien días del comienzo de nuestra guerra civil, C_sar-August Jordana -escritor, traductor, corrector de estilo y abnegado propagandista de la causa catalanista y republicana- se felicitaba en el semanario «Mirador» de que cada vez fueran menos las voces dispuestas a combatir la enseñanza en catalán. Los tiempos habían cambiado, ciertamente. Y no sólo por el estado de guerra que afectaba a todo el país, sino porque este estado, en el caso concreto de Cataluña, había permitido a la Generalitat borrar de un plumazo el viejo sistema de enseñanza instaurado con la República -dos líneas independientes: una autonómica en catalán, otra estatal en castellano- y sustituirlo por un modelo unitario, basado en el derecho de todas las criaturas a ser escolarizadas en su lengua materna. La satisfacción de Jordana estaba, pues, más que justificada. Gracias al decreto que el presidente del Gobierno de Cataluña acababa de firmar, y a menos que las cosas volvieran a torcerse, en adelante ningún niño catalanohablante iba a verse obligado, por causa de fuerza mayor, a recibir la primera enseñanza en castellano.
En su edición de 22 de septiembre de 1936, «La Vanguardia» había recogido con todo detalle el decreto en cuestión. Merece la pena detenerse en él. Ya desde el mismo preámbulo, que arranca con estas palabras: «Ninguna convención puede justificar la violación de los derechos del niño, que encarna los derechos de la naturaleza. Entre esos derechos, el del niño a usar la propia lengua -la lengua en que ha nacido- es reconocido por todos y consagrado por las autoridades mundiales en los Congresos de Bilingüismo». Y si el preámbulo no tiene desperdicio, la parte correspondiente al articulado no le va a la zaga. Por ejemplo, en el punto primero, donde se lee: «La enseñanza pre-maternal, maternal y primaria en las escuelas de Cataluña, se hará basada en la lengua del niño, dividida en grupos en aquellas escuelas en que la matrícula lo permita. El maestro utilizará el idioma del niño allí donde la distribución en grupos no sea posible». O en el punto segundo, donde se insiste en que «es preciso no hacer nunca violencia en el alma del niño. La escuela en este punto será un reflejo de la calle, donde, generalmente, los dos idiomas oficiales conviven». O en el tercero, donde se indica que en cuanto «se vea que el niño está suficientemente formado en la propia lengua comenzará intensamente el aprendizaje de la segunda lengua, en catalán para los niños de habla castellana y en castellano para los de habla catalana».
Se trata, sin duda, de un decreto ejemplar. Cuando menos para la época. Dejemos ahora a un lado la visión romántica del lenguaje que impregna todo el texto y en especial el preámbulo -ese «nacer en una lengua» que recuerda en su irracionalidad el «vivir en una lengua» de las políticas lingüísticas contemporáneas-, y centrémonos en las disposiciones estrictamente pedagógicas. Estamos ante un modelo que garantiza, por una parte, el derecho del niño a ser escolarizado en su lengua materna y, por otra, el aprendizaje ulterior de la otra lengua hablada en la comunidad. Respeto, pues, a la «naturaleza lingüística» del educando -y a la voluntad de sus progenitores, que se supone concordante con esta naturaleza- y respeto a la legalidad, en la medida en que una y otra lengua eran entonces -como ahora- oficiales en Cataluña. Y todo ello en un tiempo en que la población catalanohablante era considerablemente superior a la castellanohablante y en que el Gobierno de la Generalitat no estaba ya obligado, por la situación de excepcionalidad creada por el golpe de Estado y la guerra civil consiguiente, a dar cuentas de nada a nadie.
Pues bien, al cabo de más de setenta años, con una población donde el número de catalanohablantes y el de castellanohablantes es más o menos parejo, con un régimen democrático felizmente vigente y con unas instituciones autonómicas que, hasta que no se disponga lo contrario, sí deben dar cuentas de sus actos, una iniciativa legislativa popular impulsada por Convivencia Cívica Catalana y encaminada a sustituir el actual modelo de inmersión lingüística en la llamada lengua propia -o sea, en catalán- por un modelo bilingüe basado en la enseñanza de la lengua materna ha sido rechazado por el voto de una inmensa mayoría de los representantes políticos de Cataluña. Ocurrió el pasado 19 de diciembre en el Parlamento autonómico. De 124 diputados presentes -la Cámara tiene 135-, únicamente 13 -pertenecientes todos al Partido Popular o a Ciutadans- votaron a favor de una propuesta de sistema educativo que en nada desmerece, ni en sus principios ni en su formulación, el que la Generalitat de Companys implantó en 1936 en la retaguardia republicana. Y no sólo eso. Durante el debate que precedió a la votación, una gran parte de los 111 diputados que votaron en contra, y entre ellos casi todos los miembros del Gobierno, abandonaron de forma ostentosa el salón de plenos, con lo que no sólo evidenciaron su desprecio hacia los impulsores de la iniciativa, sino también hacia los 50.000 ciudadanos que, con su firma, la habían hecho posible. Que la clase política catalana desprecie a sus representados no constituye ya, por desgracia, ninguna novedad. Es más, la desafección empieza a ser mutua, y buena prueba de ello son los altos índices de abstención de las últimas elecciones y referendos celebrados en la Comunidad. Pero que esta clase política rechace un modelo de enseñanza que siete décadas atrás había hecho, como reconocía C_sar-August Jordana, las delicias de sus antepasados -no olvidemos que el Gobierno de entonces, encabezado por Esquerra Republicana, agrupaba a todas las fuerzas de izquierda y nacionalistas-, y lo haga con el burdo pretexto de que fomenta la segregación; esto, aparte de un desprecio a los ciudadanos, es un insulto a la inteligencia. Y una agresión manifiesta a la libertad. Porque lo que subyace en esta iniciativa legislativa popular promovida por Convivencia Cívica Catalana -y lo que legitimaba, sin duda, el decreto que el Gobierno de la Generalitat promulgó en septiembre de 1936- no es otra cosa, al cabo, que el incuestionable derecho de todos los padres a elegir la lengua en que quieren que se eduque a sus hijos -siempre y cuando, por lo menos en el sistema público, dicha lengua tenga carácter oficial-.
En este sentido, la apelación a que el niño sea escolarizado en su lengua materna cabe entenderla como una variante de este ejercicio de la libertad. Y, por supuesto, así debería ser entendida también la apelación contraria; eso es, que unos padres deseen que su hijo reciba la primera enseñanza en una lengua distinta de la materna. El fundamento, en ambos casos, es la libertad. La libertad de elegir. O el derecho a decidir, por usar una expresión muy en boga en estos tiempos. Lástima que quienes la usan y la pasean, suplicantes, por las calles barcelonesas sean precisamente los mismos que niegan al conjunto de la sociedad catalana la posibilidad de ejercer, en relación con la educación de sus hijos, este mismo derecho. Será que, en lo tocante a la libertad, no las tienen todas consigo.
CUANDO apenas se cumplían cien días del comienzo de nuestra guerra civil, C_sar-August Jordana -escritor, traductor, corrector de estilo y abnegado propagandista de la causa catalanista y republicana- se felicitaba en el semanario «Mirador» de que cada vez fueran menos las voces dispuestas a combatir la enseñanza en catalán. Los tiempos habían cambiado, ciertamente. Y no sólo por el estado de guerra que afectaba a todo el país, sino porque este estado, en el caso concreto de Cataluña, había permitido a la Generalitat borrar de un plumazo el viejo sistema de enseñanza instaurado con la República -dos líneas independientes: una autonómica en catalán, otra estatal en castellano- y sustituirlo por un modelo unitario, basado en el derecho de todas las criaturas a ser escolarizadas en su lengua materna. La satisfacción de Jordana estaba, pues, más que justificada. Gracias al decreto que el presidente del Gobierno de Cataluña acababa de firmar, y a menos que las cosas volvieran a torcerse, en adelante ningún niño catalanohablante iba a verse obligado, por causa de fuerza mayor, a recibir la primera enseñanza en castellano.
En su edición de 22 de septiembre de 1936, «La Vanguardia» había recogido con todo detalle el decreto en cuestión. Merece la pena detenerse en él. Ya desde el mismo preámbulo, que arranca con estas palabras: «Ninguna convención puede justificar la violación de los derechos del niño, que encarna los derechos de la naturaleza. Entre esos derechos, el del niño a usar la propia lengua -la lengua en que ha nacido- es reconocido por todos y consagrado por las autoridades mundiales en los Congresos de Bilingüismo». Y si el preámbulo no tiene desperdicio, la parte correspondiente al articulado no le va a la zaga. Por ejemplo, en el punto primero, donde se lee: «La enseñanza pre-maternal, maternal y primaria en las escuelas de Cataluña, se hará basada en la lengua del niño, dividida en grupos en aquellas escuelas en que la matrícula lo permita. El maestro utilizará el idioma del niño allí donde la distribución en grupos no sea posible». O en el punto segundo, donde se insiste en que «es preciso no hacer nunca violencia en el alma del niño. La escuela en este punto será un reflejo de la calle, donde, generalmente, los dos idiomas oficiales conviven». O en el tercero, donde se indica que en cuanto «se vea que el niño está suficientemente formado en la propia lengua comenzará intensamente el aprendizaje de la segunda lengua, en catalán para los niños de habla castellana y en castellano para los de habla catalana».
Se trata, sin duda, de un decreto ejemplar. Cuando menos para la época. Dejemos ahora a un lado la visión romántica del lenguaje que impregna todo el texto y en especial el preámbulo -ese «nacer en una lengua» que recuerda en su irracionalidad el «vivir en una lengua» de las políticas lingüísticas contemporáneas-, y centrémonos en las disposiciones estrictamente pedagógicas. Estamos ante un modelo que garantiza, por una parte, el derecho del niño a ser escolarizado en su lengua materna y, por otra, el aprendizaje ulterior de la otra lengua hablada en la comunidad. Respeto, pues, a la «naturaleza lingüística» del educando -y a la voluntad de sus progenitores, que se supone concordante con esta naturaleza- y respeto a la legalidad, en la medida en que una y otra lengua eran entonces -como ahora- oficiales en Cataluña. Y todo ello en un tiempo en que la población catalanohablante era considerablemente superior a la castellanohablante y en que el Gobierno de la Generalitat no estaba ya obligado, por la situación de excepcionalidad creada por el golpe de Estado y la guerra civil consiguiente, a dar cuentas de nada a nadie.
Pues bien, al cabo de más de setenta años, con una población donde el número de catalanohablantes y el de castellanohablantes es más o menos parejo, con un régimen democrático felizmente vigente y con unas instituciones autonómicas que, hasta que no se disponga lo contrario, sí deben dar cuentas de sus actos, una iniciativa legislativa popular impulsada por Convivencia Cívica Catalana y encaminada a sustituir el actual modelo de inmersión lingüística en la llamada lengua propia -o sea, en catalán- por un modelo bilingüe basado en la enseñanza de la lengua materna ha sido rechazado por el voto de una inmensa mayoría de los representantes políticos de Cataluña. Ocurrió el pasado 19 de diciembre en el Parlamento autonómico. De 124 diputados presentes -la Cámara tiene 135-, únicamente 13 -pertenecientes todos al Partido Popular o a Ciutadans- votaron a favor de una propuesta de sistema educativo que en nada desmerece, ni en sus principios ni en su formulación, el que la Generalitat de Companys implantó en 1936 en la retaguardia republicana. Y no sólo eso. Durante el debate que precedió a la votación, una gran parte de los 111 diputados que votaron en contra, y entre ellos casi todos los miembros del Gobierno, abandonaron de forma ostentosa el salón de plenos, con lo que no sólo evidenciaron su desprecio hacia los impulsores de la iniciativa, sino también hacia los 50.000 ciudadanos que, con su firma, la habían hecho posible. Que la clase política catalana desprecie a sus representados no constituye ya, por desgracia, ninguna novedad. Es más, la desafección empieza a ser mutua, y buena prueba de ello son los altos índices de abstención de las últimas elecciones y referendos celebrados en la Comunidad. Pero que esta clase política rechace un modelo de enseñanza que siete décadas atrás había hecho, como reconocía C_sar-August Jordana, las delicias de sus antepasados -no olvidemos que el Gobierno de entonces, encabezado por Esquerra Republicana, agrupaba a todas las fuerzas de izquierda y nacionalistas-, y lo haga con el burdo pretexto de que fomenta la segregación; esto, aparte de un desprecio a los ciudadanos, es un insulto a la inteligencia. Y una agresión manifiesta a la libertad. Porque lo que subyace en esta iniciativa legislativa popular promovida por Convivencia Cívica Catalana -y lo que legitimaba, sin duda, el decreto que el Gobierno de la Generalitat promulgó en septiembre de 1936- no es otra cosa, al cabo, que el incuestionable derecho de todos los padres a elegir la lengua en que quieren que se eduque a sus hijos -siempre y cuando, por lo menos en el sistema público, dicha lengua tenga carácter oficial-.
En este sentido, la apelación a que el niño sea escolarizado en su lengua materna cabe entenderla como una variante de este ejercicio de la libertad. Y, por supuesto, así debería ser entendida también la apelación contraria; eso es, que unos padres deseen que su hijo reciba la primera enseñanza en una lengua distinta de la materna. El fundamento, en ambos casos, es la libertad. La libertad de elegir. O el derecho a decidir, por usar una expresión muy en boga en estos tiempos. Lástima que quienes la usan y la pasean, suplicantes, por las calles barcelonesas sean precisamente los mismos que niegan al conjunto de la sociedad catalana la posibilidad de ejercer, en relación con la educación de sus hijos, este mismo derecho. Será que, en lo tocante a la libertad, no las tienen todas consigo.
jueves, 10 de enero de 2008
Balanzas fiscales y nacionalismo carca
Izquierda liberal
Antonio Robles, Libertad Digital, 10 de enero de 2008
Balanzas fiscales y nacionalismo carca
Si permitimos que se llame solidaridad a lo que es una obligación legal, se podrá llegar a exigir, como pasa ahora, por parte de las comunidades más ricas, que esa solidaridad sea ésta o la otra.
Con los dineros del Estado, los nacionalistas cometen cuatro falacias. La primera es la más conocida, la de afirmar eso de que "España nos roba". La eterna cantinela catalanista. Esta matraca la hemos tenido que soportar durante años. Se suponía que Cataluña sólo aportaba al Estado y éste le devolvía una miseria. Mientras tanto, Madrid y el resto de España vivían a costa de los catalanes. Aunque parezca grosero, así se transmite y así se ha instalado en el inconsciente colectivo de millones de personas en Cataluña.
Tragado el sapo, ahora se disponen a explotarlo metabolizado en el dret a decidir (o sea, "derecho a decidir"). Este lema, inventado por los vascos para reivindicar la autodeterminación, ha sido adaptado por los catalanistas más independentistas con la chulería de quienes no necesitan dar razones ni cuentas a la ley. Pero con una sutil diferencia; mientras los vascos van de frente y exigen todo por el mero hecho de ser vascos, los nacionalistas catalanes lo empiezan a utilizar como señuelo para camelar el descontento social por las infraestructuras y montar manifestaciones con el "derecho a decidir". Ese será el lema de la del sábado en Barcelona. Y allí estarán todos los nacionalistas, más todos los que se crean que asistiendo a la manifestación estarán pidiendo decidir sobre las infraestructuras.
Es un error doble: el de confundir cualquier descontento provocado por una mala gestión con la forma del Estado (¿habremos de pedir la devolución de la seguridad al Estado porque la Generalitat la esté gestionando mal?) y el caer en la misma trampa de la transición. Y es que entonces, aprovechándose del rechazo generalizado al franquismo, el catalanismo abanderó las reivindicaciones nacionales como si fueran la antítesis democrática al régimen y, en una década, convirtieron las organizaciones políticas y sindicales en lacayos de una de las ideas más rancias del siglo XIX: el nacionalismo. En Cataluña no conocemos otro gobierno desde entonces.
Pues bien, con la publicación de las balanzas fiscales realizado por el BBVA, la falacia se desvanece: Madrid paga el doble que Cataluña; o sea, cada madrileño aporta 3.247 € a la caja común del Estado, frente a los 1.489 € que paga cada catalán, datos que corresponden al quinquenio económico 2001-2005.
La segunda falacia es el empeño de los nacionalistas en dar carácter de sujeto jurídico a lo que sólo es una realidad de geografía física (las regiones) o política (las comunidades autónomas) en cuestiones fiscales. Quienes pagan los impuestos son las personas físicas, y todas pagan exactamente lo mismo en cualquier lugar de España, dependiendo de su renta personal. Así, un catalán que gane 50.000 euros al año pagará exactamente igual que un madrileño, un gallego o un murciano que gane esa misma cantidad. No es, por tanto, su comunidad quien paga sus impuestos, sino cada uno de ellos, y por eso pagarán más las comunidades que tengan un mayor número de ciudadanos con rentas elevadas y afincadas muchas y grandes empresas. Es el caso de Madrid, Cataluña, Baleares y la Comunidad Valenciana, que son contribuyentes netas a la solidaridad interterritorial.
Hay en esta confusión un enorme error: España es una nación de ciudadanos concretos, libres, con iguales derechos y deberes; no un conjunto de comunidades cuyo imaginario sujeto jurídico suplanta esos derechos individuales.
La tercera falacia es que para definir la contribución de las comunidades al Estado para que éste distribuya dicha renta en función de las necesidades de cada una de ellas se ha impuesto el concepto de solidaridad. De ahí nacen todos los agravios. No es solidaridad, es justicia distributiva. No se trata de que unos se apiaden de otros, sino de que el Estado por el poder que le confieren las leyes distribuya esa riqueza recaudada de forma equitativa entre todos los españoles. De la misma manera que una empresa o un ciudadano individual no puede disponer ser solidario con el dinero que ha de aportar a Hacienda porque es una obligación legal hacerlo, no lo son las comunidades que, además, no aportan nada.
Si permitimos que se llame solidaridad a lo que es una obligación legal, se podrá llegar a exigir, como pasa ahora, por parte de las comunidades más ricas, que esa solidaridad sea ésta o la otra. Si hablamos de justicia distributiva, serán los responsables políticos de cada momento y las reglas legales que nos hemos otorgado entre todos los que decidan donde y en qué cantidad deben ir los dineros de todos.
Pero la cuarta falacia es la peor. Si la propaganda nacionalista hubiera tenido razón, es decir, si las balanzas fiscales concluyeran que era Cataluña la que más pagaba, no cambiaría nada. Porque de la misma manera que un rico paga más que un pobre y eso no le da derecho a exigir al Estado que sus calles estén mejor asfaltadas, las regiones económicas que más producen han de pagar, pero no por eso pueden exigir gestionar el montante total de lo que pagan. Porque si así fuera, todos los ricos querrían gestionar sus impuestos, es decir, ninguno pagaría nada, porque la gestión de lo que pagasen repercutiría de nuevo sólo en ellos. ¿Quién pagaría entonces la seguridad social de todos, el colegio público, los transportes, las carreteras, las fuerzas armadas etc.? Simplemente no habría Estado.
Si se fijan, ni las políticas más conservadoras de la derecha más rancia se atreverían hoy a defender ese egoísmo fiscal. Y sin embargo, hoy, en España, el Partido Socialista de Cataluña, ERC, CiU e ICV, defienden esa política fiscal: quieren gestionar "sus" impuestos. Quieren tener "derecho a decidir" sobre todas las rentas que son de todos los ciudadanos españoles. Lo que nadie se atrevería a exigir como persona individual, lo exigen como nación. Nunca un argumento había definido tan nítidamente lo que es un comportamiento ideológico carca.
A propósito, un día u otro habrán de desaparecer esas antiguallas medievales llamados Fueros. Con perdón.
Antonio Robles, Libertad Digital, 10 de enero de 2008
Balanzas fiscales y nacionalismo carca
Si permitimos que se llame solidaridad a lo que es una obligación legal, se podrá llegar a exigir, como pasa ahora, por parte de las comunidades más ricas, que esa solidaridad sea ésta o la otra.
Con los dineros del Estado, los nacionalistas cometen cuatro falacias. La primera es la más conocida, la de afirmar eso de que "España nos roba". La eterna cantinela catalanista. Esta matraca la hemos tenido que soportar durante años. Se suponía que Cataluña sólo aportaba al Estado y éste le devolvía una miseria. Mientras tanto, Madrid y el resto de España vivían a costa de los catalanes. Aunque parezca grosero, así se transmite y así se ha instalado en el inconsciente colectivo de millones de personas en Cataluña.
Tragado el sapo, ahora se disponen a explotarlo metabolizado en el dret a decidir (o sea, "derecho a decidir"). Este lema, inventado por los vascos para reivindicar la autodeterminación, ha sido adaptado por los catalanistas más independentistas con la chulería de quienes no necesitan dar razones ni cuentas a la ley. Pero con una sutil diferencia; mientras los vascos van de frente y exigen todo por el mero hecho de ser vascos, los nacionalistas catalanes lo empiezan a utilizar como señuelo para camelar el descontento social por las infraestructuras y montar manifestaciones con el "derecho a decidir". Ese será el lema de la del sábado en Barcelona. Y allí estarán todos los nacionalistas, más todos los que se crean que asistiendo a la manifestación estarán pidiendo decidir sobre las infraestructuras.
Es un error doble: el de confundir cualquier descontento provocado por una mala gestión con la forma del Estado (¿habremos de pedir la devolución de la seguridad al Estado porque la Generalitat la esté gestionando mal?) y el caer en la misma trampa de la transición. Y es que entonces, aprovechándose del rechazo generalizado al franquismo, el catalanismo abanderó las reivindicaciones nacionales como si fueran la antítesis democrática al régimen y, en una década, convirtieron las organizaciones políticas y sindicales en lacayos de una de las ideas más rancias del siglo XIX: el nacionalismo. En Cataluña no conocemos otro gobierno desde entonces.
Pues bien, con la publicación de las balanzas fiscales realizado por el BBVA, la falacia se desvanece: Madrid paga el doble que Cataluña; o sea, cada madrileño aporta 3.247 € a la caja común del Estado, frente a los 1.489 € que paga cada catalán, datos que corresponden al quinquenio económico 2001-2005.
La segunda falacia es el empeño de los nacionalistas en dar carácter de sujeto jurídico a lo que sólo es una realidad de geografía física (las regiones) o política (las comunidades autónomas) en cuestiones fiscales. Quienes pagan los impuestos son las personas físicas, y todas pagan exactamente lo mismo en cualquier lugar de España, dependiendo de su renta personal. Así, un catalán que gane 50.000 euros al año pagará exactamente igual que un madrileño, un gallego o un murciano que gane esa misma cantidad. No es, por tanto, su comunidad quien paga sus impuestos, sino cada uno de ellos, y por eso pagarán más las comunidades que tengan un mayor número de ciudadanos con rentas elevadas y afincadas muchas y grandes empresas. Es el caso de Madrid, Cataluña, Baleares y la Comunidad Valenciana, que son contribuyentes netas a la solidaridad interterritorial.
Hay en esta confusión un enorme error: España es una nación de ciudadanos concretos, libres, con iguales derechos y deberes; no un conjunto de comunidades cuyo imaginario sujeto jurídico suplanta esos derechos individuales.
La tercera falacia es que para definir la contribución de las comunidades al Estado para que éste distribuya dicha renta en función de las necesidades de cada una de ellas se ha impuesto el concepto de solidaridad. De ahí nacen todos los agravios. No es solidaridad, es justicia distributiva. No se trata de que unos se apiaden de otros, sino de que el Estado por el poder que le confieren las leyes distribuya esa riqueza recaudada de forma equitativa entre todos los españoles. De la misma manera que una empresa o un ciudadano individual no puede disponer ser solidario con el dinero que ha de aportar a Hacienda porque es una obligación legal hacerlo, no lo son las comunidades que, además, no aportan nada.
Si permitimos que se llame solidaridad a lo que es una obligación legal, se podrá llegar a exigir, como pasa ahora, por parte de las comunidades más ricas, que esa solidaridad sea ésta o la otra. Si hablamos de justicia distributiva, serán los responsables políticos de cada momento y las reglas legales que nos hemos otorgado entre todos los que decidan donde y en qué cantidad deben ir los dineros de todos.
Pero la cuarta falacia es la peor. Si la propaganda nacionalista hubiera tenido razón, es decir, si las balanzas fiscales concluyeran que era Cataluña la que más pagaba, no cambiaría nada. Porque de la misma manera que un rico paga más que un pobre y eso no le da derecho a exigir al Estado que sus calles estén mejor asfaltadas, las regiones económicas que más producen han de pagar, pero no por eso pueden exigir gestionar el montante total de lo que pagan. Porque si así fuera, todos los ricos querrían gestionar sus impuestos, es decir, ninguno pagaría nada, porque la gestión de lo que pagasen repercutiría de nuevo sólo en ellos. ¿Quién pagaría entonces la seguridad social de todos, el colegio público, los transportes, las carreteras, las fuerzas armadas etc.? Simplemente no habría Estado.
Si se fijan, ni las políticas más conservadoras de la derecha más rancia se atreverían hoy a defender ese egoísmo fiscal. Y sin embargo, hoy, en España, el Partido Socialista de Cataluña, ERC, CiU e ICV, defienden esa política fiscal: quieren gestionar "sus" impuestos. Quieren tener "derecho a decidir" sobre todas las rentas que son de todos los ciudadanos españoles. Lo que nadie se atrevería a exigir como persona individual, lo exigen como nación. Nunca un argumento había definido tan nítidamente lo que es un comportamiento ideológico carca.
A propósito, un día u otro habrán de desaparecer esas antiguallas medievales llamados Fueros. Con perdón.
miércoles, 12 de diciembre de 2007
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