Francesc de Carreras, La Vanguardia, 24 de mayo de 2008
El Govern de la Generalitat se ha empeñado en que su nuevo sistema de financiación sea fijado en una negociación bilateral con el Gobierno del Estado. Desde luego tiene razones para ello, muy altas razones: así lo establece el Estatut. Pero dudo que sea una vía inteligente para llegar a acuerdos, especialmente si son de tipo financiero, en un Estado de naturaleza federal como es nuestro Estado de las autonomías.
La verdad es que la bilateralidad en la negociación del sistema financiero autonómico no es algo nuevo: en realidad siempre ha sido así. El acuerdo actual, vigente desde el 2001, fue un acuerdo bilateral entre el Estado y las demás comunidades autónomas. Unas, pocas, no lo aceptaron – Andalucía entre ellas – y siguieron con el sistema anterior durante un tiempo. Ello revela su naturaleza bilateral: la comunidad que estaba en desacuerdo prorrogaba el acuerdo anterior y no se adhería a lo que había aprobado la mayoría. Con el tiempo, sin embargo, siempre acababa firmándolo. Desde los primeros estatutos – el vasco y el catalán, aprobados a fines de 1979 – siempre había sido así, lo establecía la Ley Orgánica de Financiación de las Comunidades Autónomas (LOFCA) de 1980. Por tanto, desde siempre ha habido bilateralidad.
Ahora bien, era una bilateralidad inteligente. Se entablaban negociaciones previas y discretas entre el Estado y cada una de las comunidades, y también las comunidades negociaban entre sí. Se confrontaban intereses y puntos de vista dentro de los márgenes que señalaba la LOFCA, se procuraban limar las diferencias, aproximar posiciones y, al final, se llegaba a un acuerdo. Es lo natural en un Estado federal, un Estado en el cual nadie debe empezar diciendo: “yo me quedo con esta parte del pastel y los demás os repartís el resto como queráis”. Esto último es lo que ha sucedido en el caso actual. El Estatut ha fijado previamente unas reglas no acordadas entre todas las partes y, como la ley se ha de cumplir, de aquí no hay que moverse: los demás deben acomodarse a lo que dice la Generalitat de Catalunya. Naturalmente, todos se han puesto en contra.
Cuando las leyes son técnicamente deficientes, van contra la naturaleza de las cosas, no se adecuan a los principios generales que rigen el sistema, estas leyes resultan ineficaces y generan frustración. Lo que no puede ser, no puede ser, y además es imposible. En un sistema federal como es el nuestro, los problemas que afectan al conjunto deben ser negociados entre las partes. La frivolidad con la que fue aprobado el Estatut – frivolidad de los partidos catalanes, pero también del PSOE – tiene estas consecuencias. La posición de la Generalitat no tiene ni siquiera el apoyo de las comunidades gobernadas por los socialistas. Parece que sólo ha encontrado algún apoyo en el Gobierno del PP de Valencia. Son los riesgos de actuar con escasa inteligencia.
La verdad es que la bilateralidad en la negociación del sistema financiero autonómico no es algo nuevo: en realidad siempre ha sido así. El acuerdo actual, vigente desde el 2001, fue un acuerdo bilateral entre el Estado y las demás comunidades autónomas. Unas, pocas, no lo aceptaron – Andalucía entre ellas – y siguieron con el sistema anterior durante un tiempo. Ello revela su naturaleza bilateral: la comunidad que estaba en desacuerdo prorrogaba el acuerdo anterior y no se adhería a lo que había aprobado la mayoría. Con el tiempo, sin embargo, siempre acababa firmándolo. Desde los primeros estatutos – el vasco y el catalán, aprobados a fines de 1979 – siempre había sido así, lo establecía la Ley Orgánica de Financiación de las Comunidades Autónomas (LOFCA) de 1980. Por tanto, desde siempre ha habido bilateralidad.
Ahora bien, era una bilateralidad inteligente. Se entablaban negociaciones previas y discretas entre el Estado y cada una de las comunidades, y también las comunidades negociaban entre sí. Se confrontaban intereses y puntos de vista dentro de los márgenes que señalaba la LOFCA, se procuraban limar las diferencias, aproximar posiciones y, al final, se llegaba a un acuerdo. Es lo natural en un Estado federal, un Estado en el cual nadie debe empezar diciendo: “yo me quedo con esta parte del pastel y los demás os repartís el resto como queráis”. Esto último es lo que ha sucedido en el caso actual. El Estatut ha fijado previamente unas reglas no acordadas entre todas las partes y, como la ley se ha de cumplir, de aquí no hay que moverse: los demás deben acomodarse a lo que dice la Generalitat de Catalunya. Naturalmente, todos se han puesto en contra.
Cuando las leyes son técnicamente deficientes, van contra la naturaleza de las cosas, no se adecuan a los principios generales que rigen el sistema, estas leyes resultan ineficaces y generan frustración. Lo que no puede ser, no puede ser, y además es imposible. En un sistema federal como es el nuestro, los problemas que afectan al conjunto deben ser negociados entre las partes. La frivolidad con la que fue aprobado el Estatut – frivolidad de los partidos catalanes, pero también del PSOE – tiene estas consecuencias. La posición de la Generalitat no tiene ni siquiera el apoyo de las comunidades gobernadas por los socialistas. Parece que sólo ha encontrado algún apoyo en el Gobierno del PP de Valencia. Son los riesgos de actuar con escasa inteligencia.
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