Maragall tiene razón

Maragall tiene razón, seguro, en una cosa: el procedimiento de elaboración y aprobación del nuevo Estatuto de Cataluña ha estado viciado, y mejor hubiera sido, para los interesados en ello, plantear claramente una reforma constitucional. Maragall creyó en su momento que Rodríguez Zapatero podía prometer por su cuenta lo que prometió, que aceptaría cualquier propuesta que aprobase el Parlament, y cometió el gravísimo error, arrastrando con él al resto de la clase política catalana, de confundir el poder de un Presidente del Gobierno con la soberanía del conjunto de los españoles.

Nadie puede negar que la propuesta de Estatuto, y también el finalmente aprobado en referéndum, establece una relación de bilateralidad entre Cataluña y España no contemplada en la Constitución. Eso no lo niega ni el soberanismo catalán. Sin embargo, las relaciones entre las Comunidades Autónomas y el Estado son inevitablemente multilaterales, y en eso consiste el modelo federal, del que el Estado Autonómico a lo “café para todos” es concreción empírica. Otras alternativas, como la de ese federalismo llamado asimétrico, deberían ser explicadas y concretadas, y, sobre todo si se quieren aplicar, deberían convencer a una mayoría muy amplia.

Así las cosas, la propuesta de federalismo asimétrico de Maragall sólo podía servir, y de hecho sólo ha convencido, a los que van a ganar con ello mayores cuotas de autogobierno que los demás. Pero los convencidos no pueden pretender que el resto acepte sin más que unos tendrán competencias blindadas y otros en cambio seguirán tutorizados por el Estado en esas mismas competencias, sobre todo si los que tendrán las competencias blindadas quieren conservar las cuotas de poder y decisión, por ejemplo en la representación parlamentaria común. Todo ello con el agravante de ser además los que menos parecen creer en la viabilidad de ese Estado. A los demás no les podía servir esa propuesta, como no nos debe valer a los catalanes cuando los privilegios son para otros, sean en forma de ventajas de la capitalidad del Estado, o en forma de históricos regímenes forales. Todo esto es lo que debería haber contenido una propuesta explícita de reforma constitucional.

Que a los demás no les vale la propuesta catalana se nos ha ido haciendo saber durante el proceso de tramitación en el Congreso y el Senado, y con los recursos de inconstitucionalidad presentados, varios de ellos por las comunidades colindantes con Cataluña, gobernadas desde diferentes colores políticos. La negociación multilateral de las reformas estatutarias que fuesen necesarias, previamente al referéndum, hubiera evitado la situación actual.

Los catalanes pudimos hablar (aunque lo hicimos con la boca pequeña) en el referéndum, pero alguien debió plantearse entonces que si los catalanes creíamos ejercer así un derecho asimilable a una soberanía diferente a la del conjunto de los españoles, faltaba saber la opinión, validada de forma equivalente, de aquella otra hipotética soberanía con la que se quería establecer la relación de bilateralidad.