La alternancia política en muchos ayuntamientos y comunidades autónomas tiene como característica el llamado “levantamiento de alfombras” de los partidos que llegan al poder en relación a los que se marchan. Hace 6 meses, en Cataluña, CIU llegó a la Generalitat y conocimos que el déficit público de nuestra comunidad era el doble del que había cifrado el tripartito. Y ahora, con la llegada del PP a Comunidades gobernadas-algunas de ellas desde hace algunas décadas- por el PSOE, estamos descubriendo que el tamaño del agujero negro en las finanzas públicas españolas es de mayor tamaño, si cabe. Y seguramente si algún día el PP pierde en la Comunidad Valenciana podría pasar lo mismo o si CIU perdiera en el ayuntamiento de Sant Cugat o Vic.
Si teníamos encima la lupa de los inversores a partir de ahora nos pondrán marcaje al hombre , si es que no deciden quitarnos el timón incluso como ha pasado en Portugal o Grecia.
Está situación pone a España y a todas sus administraciones al filo del abismo: o asumimos que las instituciones de este país han vivido por encima de sus posibilidades como lo han hecho parte de sus ciudadanos, y asumen las consecuencias y los recortes necesarios, o nos vamos al precipicio de la intervención, que supondría que las medidas, como le sucede a quien dilapida su dinero, no las tomen los representantes de tus soberano tus representantes sino los de otros países o los de la UE.
Pero así como en el ámbito privado, en el mundo de la empresa o las familias ante una crisis de nuevos ricos como la que tenemos, por haber vivido por encima de nuestras posibilidades, se han tomado medidas reduciendo gastos, estructuras y caprichos innecesarios, en el ámbito público parece que pasa justo al revés: se plantean recortes en profesores-la sexta hora en la educación catalana, por ejemplo- en plantas de hospital, en efectivos de policía en las calles, en jueces o en ayudas a los emprendedores, es decir, en lo que nuestra sociedad más necesita en estos momentos, y en cambio ni siquiera se cuestiona la sobre estructura de nuestras instituciones, las duplicidades de funciones, las subvenciones clientelares o la necesidad de mantener medios de comunicación públicos en cada ayuntamiento, en cada CCAA o a nivel nacional.
Uno llega a la conclusión de que esta clase política obsoleta se ha construido una partitocracia durante 30 años, desde los años 80, y hoy los partidos del siglo XX que gobiernan las instituciones son incapaces de hacerse el harakiri, se muestran incapaces de tomar decisiones pensando en los ciudadanos y en el interés general por encima de sus intereses endogámicos.
En España no necesitamos solo alternancia política, rojos o azules, necesitamos un cambio desde la raíz del sistema. Necesitamos un gobierno que entre en la Moncloa con el principal fin, que no es poco, de acometer reformas político-administrativas y democráticas. Las primeras que reduzcan la estructura política del país: entre otras, suprimir las diputaciones y otros niveles territoriales de menores- en Cataluña los consejos comarcales- , o incluso plantear la fusión de Ayuntamientos, racionalizar y aglutinar en un solo ente los medios de comunicación públicos con descentralización de contenidos pero sin multiplicar por 17 sus estructuras, suprimir todos los entes autonómicos que han duplicado funciones con entes estatales y crear consorcios unificados para prestar el servicio- por ejemplo los defensores del pueblo autonómicos y locales, tribunales de cuentas o tribunales de competencia-, adelgazar y suprimir ministerios que no tengan competencias efectivas o reducir el número de empresas públicas en aquellos ámbito en los que no se presten servicios esenciales como salud y educación.
Y en clave de calidad democrática, se debe afrontar de una vez por todas el desmantelamiento de la partitocracia que deja en manos de 4 cúpulas de partido todos los poderes del Estado. Necesitamos una verdadera democracia, que garantice la separación de los tres poderes-y del cuarto, el de los medios de comunicación- que tenga una ley electoral donde el voto de todos los ciudadanos tenga el mismo valor, donde los ciudadanos escojan por listas abiertas a sus representantes, en el que los partidos por ley deban realizar primarias para escoger a sus candidatos, donde se firme un pacto anticorrupción para expulsar a los corruptos del espacio político para siempre, y en la que la relación entre cargos públicos y ciudadanos sea permanente a través de los instrumentos que las nuevas tecnologías nos permiten.
Solo después de realizar estas reformas de calado los futuros gobiernos locales, autonómicos o nacionales podrán tener legitimidad política, moral y credibilidad para pedir un esfuerzo a los ciudadanos y las empresas para ajustar los presupuestos durante unos años que nos permita salir del pozo en el que nos encontramos, consiguiendo que a medio plazo los ciudadanos vuelvan a confiar en sus representantes.
Mientras la política en este país se siga haciendo pensando solo en llegar al poder a través de la conquista de los votos, olvidando el futuro de nuestra sociedad y obviando la pérdida de ciertos valores civiles como la honradez, el sentido común, la convivencia o el esfuerzo nuestra democracia se seguirá degradando.
Solo nos queda el camino de las reformas y de los cambios profundos en el fondo y en las formas. No es momento de cambiar de chaqueta, son tiempos de renovar el armario.
Albert Rivera, presidente de Ciutadans (C’s)
http://gironanoticies.com/noticies/noticia.php?id=20501
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